Fiscalía imputará cargos a funcionaria de la JEP

Por los delitos de asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales, Martha Lucía Zamora, directora Administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), responderá ante un juez de garantías el próximo 16 de octubre, según informó la Fiscalía este martes.

La acusación en contra de Zamora Ávila está relacionada por supuestamente encubrir a los jefes de las Farc que abandonaron los espacios territoriales concertados después del Acuerdo de Paz de La Habana. La decisión se tomó luego de que la funcionaria respondió en septiembre pasado el interrogatorio de la Fiscalía sobre la salida de Iván Márquez y alias el ‘Paisa’ y ‘Romaña’.

Esta presunta irregularidad estaría basada en el delito de asesoramiento y otras actuaciones ilegales que castiga al servidor público que ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore en asunto judicial, administrativo o policivo.

Junto con Zamora Ávila, los contratistas de esa entidad, July Milena Henríquez Sampayo y Luis Ernesto Caicedo también tendrán que presentarse ante el juzgado de garantías. A ambos les serán endilgados los cargos por falsedad ideológica en documento público y abuso de la función pública.

Adicionalmente, a Henríquez Sampayo le imputarán perturbación de actos oficiales y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.

El delito de perturbación de actos oficiales, que le endilgarán a las dos mujeres, castiga a aquellos ciudadanos que simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma o valiéndose de cualquier otra maniobra engañosa, trate de impedir o perturbar la reunión o el ejercicio de las funciones de las corporaciones o autoridades legislativas, jurisdiccionales o administrativas.

Esto coincide con lo que en su momento expresó el fiscal Néstor Humberto Martínez antes del interrogatorio que rindió la funcionaria, quien dio luces sobre lo que estaba pasando dentro de la JEP: “algunos funcionarios inescrupulosos estarían cocinando falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actúe en cumplimiento de la ley”.

Fuente: EL COLOMBIANO

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