Gobierno socializa texto de Reforma Constitucional
En el Congreso de la República se estaría empezando a socializar un texto que haría parte del proyecto de reforma constitucional, que adelanta el Gobierno, y que daría ‘superpoderes’ al Presidente para la creación de una figura de perdón en el marco de la paz total.
En el Congreso, ya se está alertando sobre la socialización de la propuesta por la posibilidad de que el presidente Petro pueda otorgar ‘perdón judicial’.
A través de su cuenta X, antes Twitter, la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, publicó unos apartados del documento, los cuales criticó.
«Pongamos en la constitución facultades presidenciales para poner punto final con impunidad para todos los criminales, incluyendo por delitos de corrupción. Este grito en el silencio que ronda hace meses ¿Quién lo apoya?», trinó la parlamentaria.
El texto señala que el jefe de Estado podría anular de manera directa las condenas y sanciones judiciales de los delincuentes, así como las investigaciones que se adelanten en su contra.
«El Presidente de la República podrá otorgar perdón (caducidad-extinción de la acción penal) judicial en los casos en que este beneficio contribuya de modo fehaciente a los fines de la política de paz total, porque las circunstancias que rodearon los hechos que motivaron las investigaciones, sanciones o sentencias judiciales condenatorias se hallaron influidas directa o indirectamente por política de Estado, el conflicto armado interno, así como por el ambiente de pugnacidad generado por éste. En el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición», señala el documento.
En el artículo 2, agrega que «el efecto del perdón así concedido será la anulación de las condenas y sanciones judiciales y el archivo de las investigaciones en curso, así como el restablecimiento de los derechos políticos a los afectados».
Otra facultad especial que tendría Petro sería el pedirle a la JEP la apertura de un macro caso abrir un macrocaso para «establecer que dentro de una política de Estado se vulneraron los derechos de actores políticos y ciudadanos, que tienen derecho a la verdad, la reparación y la no repetición, ya que fueron judicializados por decisiones políticas y jurisdiccionales erróneas y por la falta de separación real de los poderes públicos en Colombia».
En ese sentido, el texto argumenta que los «los beneficiarios del perdón judicial del que habla este acto legislativo que incurran nuevamente en corrupción y/o cualquier comportamiento o actividad que vulnere los derechos fundamentales, la administración y el erario público perderá todos los derechos adquiridos a través de esta Ley».
Fuente: EL NUEVO SIGLO
