Le abren incidente de desacato a Petro
La orden se da después que el presidente Gustavo Petro no se retractara ni pidiera disculpas públicas por las afirmaciones que hizo en contra de la EPS Coosalud y de su entonces presidente, Miguel González Montaño.
De esta manera, la orden fue proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado 21 de noviembre, cuando la corporación decidió amparar los derechos de González Montaño.
El mandatario había dicho en alocuciones que en esta entidad se robaron la plata de la salud y calificó de bandido al exgerente, además lo relacionó con la supuesta pérdida de más de 200.000 millones de pesos.
El Tribunal concluyó que Petro vulneró esos derechos al afirmar públicamente que González Montaño “se robó la plata” de Coosalud y al describirlo como “un bandido”, relacionándolo con la presunta pérdida de más de 200.000 millones de pesos del sistema de salud.
“Se robaron la plata COOSALUD que nace en Cartagena, que es una cooperativa de verdad, sus dueños, que tenemos que hacer algo, pero se tumbaron a los dueños porque eran cooperativistas por cometer el error de nombrar un señor de gerente que es un bandido, y la junta directiva de esta COOSALUD es el hermano del expresidente de Colombia Andrés Pastrana, y a ver, acuérdense, el hermano también o primo del expresidente Santos”, señaló el presidente Petro.
Para los magistrados, no existe evidencia que respalde esas afirmaciones, por lo que ordenaron al presidente retractarse en un plazo de cinco días y abstenerse de volver a hacer señalamientos en su contra desde cualquier medio institucional o bajo su titularidad.
Sin embargo, esa orden no se cumplió. Fue el propio González Montaño, a través de su abogado, quien informó al despacho judicial sobre el presunto incumplimiento, lo que llevó al Juzgado 24 Administrativo de Bogotá a abrir formalmente el incidente de desacato.
El juzgado le dio 48 horas al presidente para que informe las actuaciones realizadas en cumplimiento a la orden judicial.
Ahora, el juzgado deberá determinar si el presidente violó la orden judicial y, de ser así, qué medidas correctivas o sanciones proceden. El caso vuelve a poner sobre la mesa las tensiones entre las declaraciones públicas del mandatario y los límites legales que le imponen las decisiones judiciales.
Fuentes: EL NUEVO SIGLO – EL COLOMBIANO
