Corrupción en el país se agravó en el último año
En Colombia al menos una de cada tres personas (37,8 %) considera que la corrupción es el principal problema del país. La problemática es de tal calado que ya supera con creces a frentes tan sensibles para un ciudadano como la inseguridad o el narcotráfico (25 %), la salud (12,3 %) o el desempleo y la pobreza (9,4 %), según dejó al desnudo la más reciente encuesta de la firma AtlasIntel.
La crisis es creciente y durante el Gobierno de Gustavo Petro no ha dado tregua. Por el contrario, se ha agravado a niveles insospechados: cada semana se conoce algún hallazgo, denuncia o revelación que pone en entredicho el cacareado discurso que prometía el hoy primer mandatario durante campaña.
Una muestra del deterioro son los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que presenta este martes la organización Transparencia Internacional y que evidencian que durante 2025 Colombia obtuvo una calificación en la medición de 37 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 99 entre 182 países.
“Estos resultados representan un retroceso frente a 2024, cuando el país alcanzó 39 puntos y ocupó el puesto 92, lo que implica una caída de siete posiciones en el ranking global en un solo año. Aún más, en comparación con 2023, cuando Colombia logró el mayor puntaje de la última década (40 puntos sobre 100), el país evidencia una tendencia descendente sostenida tanto en puntuación como en posición relativa, reflejando la fragilidad de los avances alcanzados en la percepción de la corrupción”, alerta el informe.
Según el documento, lo que ha sobresalido durante la última década, incluyendo el Gobierno de Gustavo Petro, son “estancamientos y retrocesos sostenidos”. Sin embargo, en el resultado de 2025 lo que salta a la vista es que, “tras varios años con puntajes cercanos a los 39 y 40 puntos, el país no logró consolidar una tendencia de mejora en la percepción de la corrupción en el sector público”.
El asunto es crítico. Recién este lunes, se conoció que la Fiscalía General de la Nación, después de meses de silencio e investigación, finalmente formulará pliego de cargos contra Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, por violación de topes en la campaña Petro en su rol de gerente, así como por tráfico de influencias por la cuestionada adquisición de un lujoso apartamento.
No es el único caso. El ente acusado también confirmó que imputará cargos a Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con presuntas irregularidades en trámites y documentos presentados en la Fundación de Educación Superior San José. La imputación también cobija a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución.
Horas después de esos anuncios, el país conoció una denuncia de Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, en el que se advierte por un presunto desvío de recursos de la banca de desarrollo territorial Findeter para, al parecer, beneficiar a municipios cuyos alcaldes serían afines al Ejecutivo.
“Desde 2024, las directivas de la entidad habrían priorizado la asignación de recursos del programa Transformando Regiones con criterio político”, denunció Enciso.
Hechos de este calibre, según Transparencia Internacional y su capítulo Colombia, se conocen justo en el último año de gobierno y en plena época electoral.
“Hay una brecha creciente entre las expectativas iniciales de transformación y los resultados percibidos por la ciudadanía. La persistencia de escándalos de corrupción en el alto gobierno, sumada a la ausencia de una política pública anticorrupción robusta y sostenida, ha profundizado el escepticismo y la desconfianza frente a la capacidad del Estado para enfrentar este fenómeno de manera estructural”.
De cara al nuevo gobierno y en búsqueda de respuestas estructurales, el organismo insta a que la lucha contra la corrupción se vuelva una prioridad estratégica, abarcando asuntos como liderazgo ético “desde el más alto nivel”, una política pública en la materia que sea integral y sostenida, y medidas que incluyan tanto una oportuna prevención como una sanción ejemplarizante.
El caso de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) sigue sacudiendo los cimientos del Ejecutivo. El escándalo consistió en la desviación de recursos públicos destinados a atender emergencias. Sin embargo, al parecer, esa plata terminó usada como botín político.
La promesa de dignificar territorios y atender necesidades en zonas vulnerables como La Guajira se quedó en palabras, con el agravante de que las presuntas irregularidades abarcaron diferentes niveles: ministros procesados por la justicia, congresistas –incluidos presidentes de Senado y Cámara– recluidos, así como asesores y altos funcionarios salpicados y rindiendo cuentas.
Quizá lo ocurrido con Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, ejemplifica con creces la indignación alrededor de la corrupción. Aun cuando es señalado de ser uno de los cerebros del escándalo, terminó asilado en Nicaragua con la venia de la diplomacia colombiana. Una foto suya celebrando el fin de año a son de parranda vallenata mientras es buscado con circular roja de Interpol es una muestra de la impunidad.
Fuente: EL COLOMBIANO
