Amplían reserva en la Sierra Nevada de Santa Marta
Se estableció la creación de una megarreserva ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta, bloqueando durante dos años toda expedición de títulos mineros, licencias de explotación y nuevos contratos para una zona establecida.
Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro que, por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, recalcó que su decisión obedece a la protección del entorno natural de una de las reservas más grandes del país.
«Casi un millón de hectáreas de reserva ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta son parte de la reserva, una de las más grandes de la historia del país. Así cuidamos a las comunidades indígenas, a la humanidad y la vida desde el corazón del mundo», escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.
De acuerdo con la resolución adoptada por el Ministerio de Ambiente, y que fue revelada por la Revista Cambio, el documento fue firmado el 30 de marzo de 2026 por la ministra encargada Irene Vélez, en respuesta a una solicitud del Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada.
En el documento citado por el medio de comunicación, el área protegida en la Sierra Nevada de Santa Marta, declarada como “reserva temporal de los recursos naturales renovables”, se distribuye en territorios de los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, que consta de una superficie de 942.005 hectáreas –412.000 ya amparadas desde 2024, más 532.000 hectáreas adicionales–, una extensión mayor que la suma del departamento del Atlántico y cinco veces la del Quindío.
En la zona delimitada por la normativa, el área cubre 21 municipios, involucra cuatro resguardos indígenas pertenecientes a los pueblos arhuaco, wiwa, kankuamo y kogui, así como seis consejos comunitarios de comunidades negras y afrocolombianas.
De otro lado, la resolución establece que, mientras esta declaración esté vigente, los bienes naturales de la zona quedan excluidos de concesión, uso por particulares y de cualquier proceso de trámite relacionado con la minería.
Además, la medida incluye la prohibición expresa a la Agencia Nacional Minera (ANM) de otorgar nuevas concesiones o firmar nuevos contratos de exploración y explotación, así como a las autoridades ambientales regionales de conceder licencias ambientales para extracción de minerales.
En el ámbito jurídico, la figura de protección se basa en un decreto de 1974 y no implica la cancelación inmediata de actividades ya autorizadas: los proyectos mineros con licencia vigente podrán continuarse solo hasta la expiración de su permiso, sin posibilidad de prórroga.
Además, se autoriza la continuidad temporal de extracciones de materiales para obras públicas y de la pequeña minería formalizada de materiales de arrastre, como grava y arena.
Fuente: INFOBAE
