Tutelas aumentaron 162% en cinco años
En Colombia la acción de tutela se ha consolidado como uno de los mecanismos jurídicos más utilizados por los ciudadanos para exigir la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este recurso permite acudir ante un juez o autoridad competente cuando una entidad pública, empresa o particular vulnera o amenaza derechos esenciales como la salud, el derecho de petición, la educación o el debido proceso.
La tutela está concebida como una herramienta de último recurso. Generalmente, los ciudadanos recurren a ella después de presentar solicitudes, reclamaciones o recursos administrativos que no reciben respuesta o son negados. Su carácter gratuito y la posibilidad de radicarla, tanto de manera presencial como virtual, han facilitado el acceso de millones de personas a este mecanismo constitucional, cuya utilización ha crecido de forma significativa en los últimos años.
Un reciente informe del Consejo Superior de la Judicatura evidencia ese aumento sostenido. De acuerdo con cifras de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la entidad, entre 2020 y 2025 la cantidad de acciones de tutela presentadas en el país aumentó de manera considerable.
En 2020 se registraron 459.680 tutelas en todo el territorio nacional. Cinco años después, en 2025, la cifra ascendió a 1.202.436 acciones radicadas, lo que representa un incremento del 162 %. El crecimiento refleja no solo una mayor confianza de la ciudadanía en este mecanismo, sino también las dificultades persistentes en el acceso oportuno a distintos derechos y servicios.
Solo durante 2025, los despachos judiciales del país emitieron 1.108.067 fallos relacionados con acciones de tutela. Los derechos más invocados por los ciudadanos fueron el derecho de petición y el derecho a la salud, dos áreas que históricamente concentran buena parte de las reclamaciones judiciales en Colombia. Estas cifras no incluyen las decisiones de las Altas Cortes ni los procesos de impugnación.
El derecho de petición encabezó el listado de tutelas presentadas durante el último año. Del total de acciones radicadas en 2025, 432.658 estuvieron relacionadas con presuntas vulneraciones a este derecho fundamental. De ellas, 177.531 fueron concedidas por los jueces, mientras que 138.738 terminaron en hechos superados, es decir, casos en los que la situación fue resuelta antes del fallo definitivo. Además, 77.333 tutelas fueron negadas y 39.055 declaradas improcedentes.
La salud fue el segundo derecho más reclamado mediante tutela. Durante 2025 se tramitaron 378.895 acciones relacionadas con vulneraciones en la prestación de servicios médicos, entrega de medicamentos, autorizaciones de procedimientos y atención oportuna a pacientes. De ese total, 297.150 tutelas fueron concedidas, lo que evidencia el peso que tiene este mecanismo en el acceso al sistema de salud colombiano. Otras 45.306 se resolvieron como hechos superados, 23.864 fueron negadas y 12.575 declaradas improcedentes.
La Jurisdicción Ordinaria concentró la mayor cantidad de procesos relacionados con el derecho a la salud, con 360.261 acciones de tutela tramitadas. Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca encabezaron el número de decisiones favorables para los ciudadanos, con 59.719, 28.410 y 26.659 tutelas concedidas, respectivamente. Según el informe, estas cifras guardan relación con el tamaño de la población y el alto número de despachos judiciales presentes en esas regiones.
Detrás de esos departamentos aparecen Norte de Santander con 21.287 tutelas concedidas; Caldas con 16.844; y Santander con 15.487 decisiones favorables en materia de salud. Por otra parte, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tramitó 18.634 acciones de tutela relacionadas con este mismo derecho. De ellas, 15.515 fueron concedidas. En este escenario también sobresalieron departamentos como Antioquia con 2.994 tutelas favorables; Norte de Santander con 2.650; Caldas con 1.307; y Valle del Cauca con 1.197.
Las cifras muestran una tendencia creciente en el uso de la acción de tutela en Colombia. Aunque fue creada como un mecanismo excepcional, hoy representa una de las principales herramientas de los ciudadanos para reclamar la garantía efectiva de sus derechos fundamentales.
Fuente: EL COLOMBIANO
