Supersalud pidió la renuncia de los interventores
La Superintendencia Nacional de Salud abrió un nuevo capítulo en la intervención de las EPS más grandes del país. Daniel Quintero, superintendente de Salud, confirmó que solicitó la renuncia de todos los interventores de las nueve EPS intervenidas por el Gobierno, en medio de una revisión integral sobre sus resultados administrativos, financieros y operativos.
La decisión marca un giro dentro de la estrategia de vigilancia estatal sobre las entidades promotoras de salud que hoy concentran millones de afiliados. Según explicó el funcionario, la evaluación busca determinar qué equipos de intervención continuarán al frente de las EPS y cuáles deberán salir tras analizar su desempeño durante los últimos meses.
“He solicitado la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones y resultados para evaluar su continuidad o retiro”, señaló Quintero, al insistir en que el proceso busca fortalecer la supervisión y acelerar correctivos dentro del sistema de salud.
La medida llega en un momento particularmente sensible para el Gobierno. Las EPS intervenidas enfrentan cuestionamientos relacionados con pagos atrasados a clínicas y hospitales, dificultades en la entrega de medicamentos y crecientes reclamos de usuarios por barreras en la atención médica.
Actualmente, las nueve EPS bajo intervención estatal reúnen una parte significativa de los afiliados del sistema. Entre ellas aparecen entidades como, Famisanar, Savia Salud, Emssanar y Asmet Salud, varias de las cuales han enfrentado problemas de liquidez y de operación en distintas regiones del país.
El anuncio también refleja tensiones internas sobre la velocidad de las transformaciones prometidas en el sector salud. Aunque las intervenciones buscaban estabilizar la prestación del servicio y mejorar indicadores financieros, distintos actores del sistema han advertido que persisten dificultades para garantizar continuidad en tratamientos y pagos a prestadores.
El Gobierno ha defendido las intervenciones argumentando que eran necesarias para evitar el deterioro de las EPS y proteger a millones de pacientes. Sin embargo, gremios médicos, clínicas y sectores políticos han cuestionado los resultados obtenidos hasta ahora y piden mayor claridad sobre los avances reales.
En varias regiones del país, usuarios continúan reportando dificultades para acceder a medicamentos especializados, autorizaciones y citas médicas. Parte de esas denuncias se han concentrado en EPS intervenidas, donde todavía existen retrasos administrativos y tensiones financieras con la red hospitalaria.
Cabe destacar que hasta ahora la Superintendencia no precisó cuánto tardará la evaluación.
Fuente: PORTAFOLIO
