Viviane Morales denunció irregularidades en FOMAG
La situación financiera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) llegó a los organismos de control y a la Fiscalía, a partir de una denuncia de la entonces ministra de Educación, Viviane Morales, quien advirtió posibles irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la atención en salud de los docentes y sus beneficiarios.
El documento, fue radicado ante los entes de control el 4 de septiembre cuando Morales aún seguía como jefe de la cartera. Hoy en día, la actual ministra es la doctora, lva Myriam Hoyos.
Uno de los principales datos incluidos por Morales en la denuncia es la situación patrimonial del FOMAG. A junio de 2026, el Fondo registraba, según el documento, un patrimonio negativo de $3,2 billones.
Además, Fiduprevisora habría estimado que durante 2026 se requerirían hasta $5,31 billones para cubrir los costos de salud, frente a un presupuesto inicialmente previsto de $3,83 billones.
Esto representa, según el informe, a la fecha hay un faltante de al menos $1,48 billones.
Ante esta situación, Fiduprevisora planteó trasladar $1,1 billones provenientes de recursos destinados a pensiones y cesantías hacia el componente de salud. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada por la junta directiva del FOMAG en la sesión del 5 de agosto de 2026.
El informe también señala que el FOMAG contaba con activos y recursos por aproximadamente $5,11 billones, mientras que sus obligaciones ascendían a $8,31 billones.
Dentro de esas obligaciones aparecen cerca de $1,46 billones en cuentas por pagar a la red de salud, de las cuales aproximadamente $1,21 billones tenían una antigüedad superior a tres meses.
A esto se suman alrededor de $891.000 millones correspondientes a deudas de 2025 y vigencias anteriores que, según el documento, no habían sido reconocidas y carecían de los soportes necesarios.
Según las cifras incluidas en el documento, el costo mensual de la atención médica de los docentes pasó de $216.520 millones en abril de 2024 a $442.737 millones en julio de 2026, lo que representa un incremento del 104,8 %.
El modelo implementado en mayo de 2024 contempla el pago a los prestadores por cada servicio realizado, como consultas, exámenes o procedimientos, en lugar de un valor fijo mensual por afiliado.
El informe cuestiona que este esquema no contara con un límite tarifario ni con una proyección de gasto sustentada en el perfil epidemiológico de la población atendida.
Según Morales, responsabilidad política por la situación descrita a integrantes de la administración anterior, entre ellos el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.
Fuente: CARACOL RADIO
