Radican Ley de Sometimiento para organizaciones criminales
Los ministros de Justicia, Iván Cancino, y de Interior, Rodrigo Lara, radicaron en el Congreso de la República y con mensaje de urgencia, el proyecto de ley de sometimiento para organizaciones criminales.
La iniciativa es prórroga de la Ley 418 de Orden Público, que en el pasado sirvió como plataforma para la puesta en marcha de los procesos de paz, cuya fecha de vencimiento es el 5 de noviembre.
El ministro Cancino dejó claro sí habrá un tratamiento penal diferenciado para los integrantes de las estructuras que se acojan a la justicia, pero dejó claro que no habrá penas máximas o mínimas, sino rebaja de sanciones dependiendo de los delitos por los cuales sean juzgados.
“En la ley se habla de un tratamiento penal diferenciado que trae los montos. Durante mucho tiempo se hablaba de penas máximas, de penas mínimas, límites y eso se trabajó en la ley de Justicia y Paz y las leyes de la justicia transicional, pero esto parte de la justicia ordinaria en donde se va a ir bajando la pena hasta en una proporción», dijo.
“Si no ha sido líder de la organización hasta el 50%, si ha sido líder de la organización hasta el 30% y puede haber algo más dependiendo de los aportes”, explicó.
El Gobierno dejó claro que no habrá procesos de negociación con estas estructuras y que no habrá estatus político para ninguno de los miembros de estas organizaciones.
“Este no es un proceso de negociación, le estamos dando un marco jurídico de acuerdo a la ley ordinaria y de acuerdo al aporte puede ir bajando”, manifestó.
Dijo que solo los abogados tendrán la posibilidad de interlocutar con el Gobierno para fijar las reglas de la desmovilización, porque no se trata de una negociación política.
«No es una negociación política, por esa razón el interlocutor con el Gobierno de los grupos armados, debe ser abogado. El mensaje debe ser claro: esta negociación es jurídica dentro de las herramientas que hay. No van a tener ninguna participación ni debate con el Gobierno sobre para qué es el marco que se les va a dar, es un marco que impone el Gobierno con el Consejo de Política Criminal y en consenso con el Congreso», añadió.
Fuente: La FM
