Proponen reformar impuesto al carbono
El Ministerio de Ambiente presentó los lineamientos de una reforma al sistema de licenciamiento ambiental en Colombia con el objetivo de agilizar la evaluación de proyectos de infraestructura y producción, reducir costos de transacción y acortar los plazos de respuesta institucional. El anuncio fue realizado por el ministro Fabio Arjona en el marco de la Feria de Sostenibilidad organizada por AmCham Colombia, en donde señaló la necesidad de evitar que las exigencias administrativas se conviertan en barreras para el desarrollo económico.
El planteamiento de la cartera ambiental se centra en modular los requisitos y esquemas de evaluación técnica según el impacto real y la escala de cada actividad productiva, diferenciando las exigencias de proyectos de alta complejidad frente a iniciativas de menor escala. De acuerdo con el jefe de la cartera, la meta es agilizar los procedimientos sin restar rigurosidad técnica a los estudios de impacto sobre los ecosistemas y las comunidades locales.
Por otra parte, la estrategia oficial del Ministerio de Ambiente contempla la reestructuración de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que operan en el territorio nacional. El Gobierno busca fortalecer la articulación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) para que las autoridades regionales respondan con mayor celeridad a las solicitudes de trámite y contribuyan de manera equilibrada tanto a la conservación de los recursos naturales como al desarrollo territorial.
Asimismo, dentro de las prioridades del Ministerio para el próximo Plan Nacional de Desarrollo se incluirá un mecanismo normativo para que el 100 % de los recursos del impuesto al carbono se oriente hacia la no causación del tributo. Esta medida pretende incentivar que el sector privado invierta directamente en proyectos de reforestación, restauración ecológica y pagos por servicios ambientales en alianza con las comunidades.
El ministro destacó que las comunidades negras e indígenas custodian cerca del 40 % del territorio emergido del país, por lo que resulta prioritario reactivar los proyectos de carbono que se vieron impactados por las variaciones en las cotizaciones internacionales y los recientes cambios en la estructura de recaudo del tributo. Finalmente, la cartera de Ambiente enfatizó en la urgencia de profundizar los esquemas de obras por impuestos dirigidos a la agenda ambiental, el fomento de negocios verdes y el desarrollo del biocomercio como alternativas para generar actividad económica sostenible en las regiones.
Paralelamente, sectores de análisis del desarrollo sostenible señalan que la consulta previa ha dejado de operar en la práctica como un instrumento garantista para transformarse en un mecanismo de dilación frente a proyectos de interés nacional. Analistas del sector sostienen que el obstáculo no radica en el cumplimiento del mandato constitucional hacia las comunidades aborígenes, afrodescendientes y pueblos Rrom, sino en la falta de plazos perentorios que eviten el bloqueo indefinido sobre obras de utilidad pública, tal como se estipula en el marco del Convenio 169 de la OIT y en modelos internacionales implementados en Perú, Chile o Canadá.
En este sentido, expertos jurídicos y económicos plantean que el Estado debe asumir la recopilación previa de líneas base de datos ambientales —a la manera del modelo australiano— para no trasladar esa carga técnica a los privados. Bajo esta perspectiva, redefinir la consulta previa como un espacio de diálogo delimitado en el tiempo y fortalecer la conducción técnica oficial en el licenciamiento resulta fundamental para destrabar proyectos estratégicos de transporte y energía en el país.
Fuente: EL NUEVO SIGLO
