Corte pide ajustar el Estatuto Antiterrorista
La Corte Suprema de Justicia pone sobre la mesa una discusión clave para el nuevo estatuto antiterrorista: una persona no puede ser considerada culpable por el solo hecho de aparecer en una lista elaborada por el Gobierno.
De acuerdo con la Corte, la identificación de alguien como presunto integrante o colaborador de una organización terrorista no puede reemplazar las pruebas que deben presentarse y evaluarse dentro de un proceso judicial.
El debate gira alrededor de las garantías que deben tener los ciudadanos frente a una herramienta estatal que busca combatir a las organizaciones criminales, pero que también podría tener consecuencias muy graves para quienes sean incluidos en esos registros.
En relación a este caso, la Corte señala que el punto de fondo es que una cosa es que el Gobierno identifique a una organización o a una persona como una amenaza para la seguridad nacional y otra, muy distinta, que esa identificación demuestre que alguien cometió un delito.
De acuerdo con la información, en un Estado de derecho, la responsabilidad penal debe establecerse a partir de pruebas que puedan ser examinadas y controvertidas ante la justicia. Por eso, la inclusión en una lista administrativa no debería convertirse, por sí sola, en una prueba suficiente para declarar culpable a una persona.
La diferencia es fundamental, dado que la lista puede servir como instrumento de identificación, seguimiento o prevención, dependiendo de las facultades que establezca la ley. Pero determinar si una persona participó en una actividad terrorista exige examinar su conducta individual y las pruebas que existan en su contra.
No basta, por ejemplo, con señalar que alguien tiene relación con una organización investigada. La justicia debe establecer cuál fue su comportamiento concreto y si existen elementos que permitan atribuirle una conducta delictiva.
La discusión se produce en medio del debate sobre el estatuto antiterrorista que prepara el Gobierno nacional, una iniciativa que busca fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar a los grupos armados ilegales y sus fuentes de financiación.
Fuente: La FM
