Gobierno busca reducir de 209 a 104 entidades del Estado
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara una reforma que eliminaría, suprimiría o fusionaría 105 entidades del Estado para reducir gastos de funcionamiento, aunque el plan, de entrada, plantea una fuerte disputa por las facultades que el Congreso le entregaría al Ejecutivo para rediseñar la administración pública durante seis meses.
El proyecto, de 36 páginas, pone sobre la mesa la discusión sobre la estructura del Ejecutivo, que pasaría de 209 a 104 entidades. La proyección hecha con esta iniciativa calcula, al menos, un ahorro de $8,6 billones a partir de la supresión de organismos y la integración de funciones hoy repartidas entre varias dependencias del ordenamiento estatal.
La reducción de entidades no implicaría una disminución de ministerios. El Gobierno conservaría 18 carteras con la creación del Ministerio de la Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, que asumiría funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia; y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia, que recogería responsabilidades del Departamento de Prosperidad Social.
A su vez, la reforma también concentraría los seis departamentos administrativos en dos estructuras: el Departamento Administrativo de Planeación, Inversión y Desarrollo Nacional, en reemplazo del Departamento Nacional de Planeación; y el Departamento Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública, que asumiría las funciones del Dane.
En el artículo 7 de la Ley de Rescate Fiscal, la primera reforma tributaria de De la Espriella, se propone otorgar al presidente facultades extraordinarias durante seis meses para suprimir o fusionar ministerios y departamentos administrativos, modificar nombres, objetivos, estructuras y orden, además de reasignar funciones y ajustar las plantas de personal.
La iniciativa permitiría también suprimir empleos y vacantes, crear entidades que asuman competencias de organismos eliminados y efectuar los cambios presupuestales derivados de la reorganización. Esto de entrada genera un fuerte choque, pues el artículo 150 de la Constitución asigna al Congreso la definición de la estructura de la administración nacional.
Aunque, como también señala la norma de normas, el legislativo puede delegar temporalmente esas atribuciones en el mandatario para asuntos específicos y con mayoría absoluta en ambas cámaras. Eso sí, en su exposición el Gobierno debe especificar de manera detallada qué sectores o entidades se pueden reestructurar, como lo haría con el documento.
El rediseño contempla fusionar los ministerios de Cultura y Deporte en una sola cartera. Educación y Ciencia también quedarían bajo una misma estructura ministerial. Los demás ministerios mantendrían su funcionamiento, pero incorporarían funciones que hoy están distribuidas entre agencias, direcciones, superintendencias y otras entidades.
Fuente: INFOBAE
