noviembre 20, 2026

Gobierno destraba recursos para la rama judicial

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, anunció desde Cali que el Gobierno Nacional se comprometió a encontrar, antes de que termine diciembre, los recursos adicionales que necesita la Rama Judicial para 2027. La cifra planteada es de al menos $1,5 billones y busca mantener la capacidad operativa del sistema judicial y la continuidad de más de 2.500 funcionarios de descongestión.

El anuncio se dio durante el Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, donde Lenis explicó que los acercamientos con el Ejecutivo han girado en torno a la financiación de la justicia. Según indicó, el Gobierno manifestó su disposición para estudiar las alternativas presentadas por la Rama Judicial y definir de dónde saldría el dinero, aunque el magistrado no entregó detalles sobre esas opciones.

Las cifras son el punto central de la discusión. Lenis indicó que el Gobierno había asignado un presupuesto superior a los $11 billones, pero que esa suma no alcanzaba para garantizar el funcionamiento de la justicia el próximo año. Por eso, además del presupuesto ya asignado, la Rama Judicial requiere recursos adicionales para sostener la capacidad operativa que hoy tiene el sistema.
Durante el encuentro, el magistrado señaló inicialmente que se necesitaban al menos $1,5 billones más y luego precisó que, con un billón adicional, podrían contar con los recursos necesarios para operar en 2027. El presidente de la Corte insistió en que de qué fuentes saldría el dinero es una decisión que corresponde al Gobierno Nacional.
El compromiso, según Lenis, busca que la Rama Judicial funcione el próximo año con la misma capacidad que tiene actualmente. El magistrado lo presentó como una señal de tranquilidad para quienes sostienen el aparato judicial: “Con esta solución que hoy encontramos se les manda un mensaje de que estamos encontrando los caminos y que vamos a poder continuar con la misma capacidad instalada para que ellos puedan cumplir su misión sin tener tanta carga”.

Uno de los principales riesgos que se buscaba evitar era la salida de más de 2.500 funcionarios judiciales a partir del primero de enero de 2027. Se trata de personal que cumple labores de descongestión y que contribuye a atender la carga de procesos que enfrentan los despachos judiciales en Colombia. Los recursos adicionales apuntan a garantizar su continuidad en la Rama.

Fuente: PORTAFOLIO

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