La preocupaci\u00f3n en el pa\u00eds por el alto d\u00e9ficit fiscal tiene con los pelos de punta a analistas, gremios, instituciones y al propio gobierno, ya que las cifras se van a agravando con el paso de los meses. A ese hueco roto parece que no le cabr\u00eda otro problema. Sin embargo, surgi\u00f3 una investigaci\u00f3n que agrava las cifras.<\/p>\n\n\n\n
Se debe a la publicaci\u00f3n de un informe en que se dieron a conocer los litigios y demandas en curso contra el Estado, que no solo constituyen un desaf\u00edo jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n tienen implicaciones fiscales.<\/p>\n\n\n\n
Los litigios contra el Estado han aumentado de manera significativa en los \u00faltimos cinco a\u00f1os. Entre 2015 y 2020 se registr\u00f3 un promedio de 13.000 procesos activos por a\u00f1o, pero en 2024 la cifra ascendi\u00f3 a 70.000 procesos activos. Seg\u00fan la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, las pretensiones de estos litigios alcanzaron $753 billones a junio de 2025, lo que representa un incremento de $326 billones frente al total observado al cierre de 2019.<\/p>\n\n\n\n
Es decir, que las demandas ya representan el 44,1% del Producto Interno Bruto del pa\u00eds, que en 2024 lleg\u00f3 a $1,706 billones.<\/p>\n\n\n\n
Lo peor en el asunto de los litigios es que el gobierno apenas apropi\u00f3 en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, solo $5 billones para cubrimiento de los procesos y en el Presupuesto para 2025 no aparece ninguna partida para atender los procesos.<\/p>\n\n\n\n
En efecto, un informe de ANIF se\u00f1ala que \u201cesos litigios han adquirido un peso considerable dentro de las finanzas p\u00fablicas, dado que las decisiones judiciales y las conciliaciones son un pasivo contingente significativo para la Naci\u00f3n y se convierten en una obligaci\u00f3n cuando la sentencia es desfavorable para el Estado\u201d.<\/p>\n\n\n\n
De all\u00ed que las controversias judiciales, especialmente en torno a conflictos laborales, el sector educativo y las disputas por decisiones administrativas, ampl\u00edan continuamente el espectro de los riesgos financieros. La materializaci\u00f3n de estos pasivos puede afectar las cuentas fiscales, limitar la pol\u00edtica econ\u00f3mica y deteriorar la credibilidad del Estado frente a inversionistas y ciudadanos. Por ello, resulta interesante entender cu\u00e1l es el panorama actual de estos litigios.<\/p>\n\n\n\n
El informe privado aborda el estado de los litigios contra el Estado en Colombia, destacando su evoluci\u00f3n reciente y los desaf\u00edos que esto plantea para la sostenibilidad fiscal y la gesti\u00f3n p\u00fablica del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Entre los procesos recientes, la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado (Andje), al cierre del primer semestre de 2025, document\u00f3 43 procesos judiciales activos donde empresas mineras han demandado a diferentes entidades estatales, incluyendo a Ecopetrol, por pretensiones que ascienden a $3,82 billones. Los demandantes alegan planificaci\u00f3n inadecuada, decisiones err\u00f3neas y modificaciones unilaterales de normativas que alteran las condiciones originales de t\u00edtulos y licencias. De manera similar, la intervenci\u00f3n de la EPS Sanitas llev\u00f3 a los accionistas del grupo Keralty a demandar al Estado por perjuicios derivados de esta medida regulatoria, en su criterio, contraria a la ley.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, las demandas admitidas contra el Estado han experimentado un crecimiento en los \u00faltimos a\u00f1os. De acuerdo con los registros, mientras que entre 2015 y 2020 se mantiene un promedio anual de 13,3 mil demandas activas, esta cifra en 2024 escal\u00f3 a 69.900. En 2025, tan solo a corte de junio, las demandas ya alcanzaron las 28.700, muy por encima del promedio hist\u00f3rico.<\/p>\n\n\n\n
De mantenerse este comportamiento en lo que resta del a\u00f1o, el n\u00famero de casos podr\u00eda alcanzar los 57.400 al cierre de 2025. Esta estimaci\u00f3n depende de que los casos que concluyen con fallo definitivo y dejan de estar activos, adem\u00e1s de los admitidos adicionalmente mantengan el mismo patr\u00f3n de comportamiento registrado hasta la fecha.<\/p>\n\n\n\n
Con lo anterior, la mayor\u00eda de los procesos activos (248.953 casos, equivalentes al 76,1% del total) han sido admitidos a partir de 2020. Destaca particularmente el aumento de litigios no laborales, que pasaron de 3,2 mil demandas en 2015 a 14,5 mil en 2024.<\/p>\n\n\n\n
Analizando la distribuci\u00f3n de pretensiones econ\u00f3micas de los litigios, se observa que existen 979 demandas con pretensiones por caso superiores a $50.000 millones, para un total de $576 billones; 32.000 casos con montos entre $1.000 millones y $50.000 millones, por una pretensi\u00f3n agregada de $127 billones; y 246.000 casos con reclamaciones por caso inferiores a $100 millones, que suman en total $30 billones.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: EL NUEVO SIGLO<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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