El Gobierno confirm\u00f3 un ajuste sin precedentes al Presupuesto General de la Naci\u00f3n durante el cierre del 2025, con un recorte presupuestal total que supera los 16,2 billones de pesos para la vigencia del 2025. La reducci\u00f3n, resultado de un aplazamiento previo de $12 billones y un recorte adicional de 4,2 billones, responder\u00eda a un escenario fiscal adverso, caracterizado por un menor ingreso estatal en la recta final de la administraci\u00f3n Petro.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de la imposibilidad de aprobar una ley de financiamiento en el Congreso, por lo que desde el Ejecutivo se declar\u00f3 emergencia econ\u00f3mica; con la que se prev\u00e9 recoger a trav\u00e9s de nuevos tributos cerca de 16,3 billones para terminar de financiar, seg\u00fan el presidente Gustavo Petro, sus ejecutorias. Esta medida afecta a la mayor\u00eda de entidades y compromete sectores cr\u00edticos como educaci\u00f3n superior, salud, infraestructura y programas sociales.<\/p>\n\n\n\n
El ajuste anunciado se compone de dos fases principales. Primero, un aplazamiento de gasto tras el fracaso de la reforma en el legislativo, destinado a obtener recursos adicionales. Esto retuvo temporalmente 12 billones, que, con la nueva decisi\u00f3n, quedaron recortados definitivamente del presupuesto. A esto se suma un recorte extra de $4,2 billones, debido a que no hubo recaudo suficiente o se quedaron sin ejecutar en la vigencia fiscal anterior.<\/p>\n\n\n\n
En efecto, la decisi\u00f3n fue impulsada principalmente por la ca\u00edda del recaudo tributario, que cerr\u00f3 el a\u00f1o por debajo de las metas establecidas hasta noviembre de 2025. As\u00ed, la suma total recortada ascender\u00e1 a $16,2 billones, lo que afectar\u00e1 pr\u00e1cticamente a todas las entidades estatales y restringir\u00e1 la ejecuci\u00f3n de proyectos y servicios; como la Superintendencia de Notariado y Registro, con una reducci\u00f3n de $210.000 millones.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, \u201cel recaudo efectivo de la vigencia no puede ser inferior al total de los gastos y obligaciones contra\u00eddas\u201d, lo que refleja la presi\u00f3n para equilibrar ingresos y gastos estatales.<\/p>\n\n\n\n
El Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, que ya publicado en la p\u00e1gina de la presidencia, formaliz\u00f3 la reducci\u00f3n y orden\u00f3 a todas las entidades estatales hacer ajustes contables inmediatos. El prop\u00f3sito principal, de acuerdo con los argumentos expuestos en el documento, es evitar el incumplimiento de la regla fiscal, que limita el d\u00e9ficit permitido y obliga a adecuar el presupuesto a los recursos efectivamente recaudados.<\/p>\n\n\n\n
La cartera de Hacienda inform\u00f3 que la situaci\u00f3n fiscal permanece deficitaria y que el Estado no dispone del flujo de caja necesario para mantener el gasto inicialmente planificado. Este contexto genera presi\u00f3n sobre sectores clave y exige una ejecuci\u00f3n presupuestaria mucho m\u00e1s austera. El recorte impacta especialmente a programas de inversi\u00f3n social y \u00e1reas estrat\u00e9gicas, en lo que supone un duro golpe para las promesas hechas por Petro.<\/p>\n\n\n\n
En educaci\u00f3n superior, se oficializ\u00f3 una disminuci\u00f3n superior a $1,38 billones en el programa de \u201cCalidad y fomento de la educaci\u00f3n superior\u201d, con consecuencias en la financiaci\u00f3n y fortalecimiento de las universidades p\u00fablicas. La reducci\u00f3n tambi\u00e9n afecta a la Presidencia, con un ajuste superior a $122.000 millones, que repercute en recursos del Fondo Colombia en Paz, iniciativas de derechos humanos y procesos de modernizaci\u00f3n tecnol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n
Otras entidades impactadas comprenden el Instituto Nacional de V\u00edas (Inv\u00edas) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sectores donde se avizora una ralentizaci\u00f3n en obras de infraestructura y reformas agrarias. En salud, por su parte, tanto el Instituto Nacional de Salud (INS) como el Invima operar\u00e1n con menores recursos para funcionamiento y adquisici\u00f3n de bienes, en medidas que han causado cierta alerta en el sector p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
El decreto establece que toda la administraci\u00f3n central y descentralizada debe responder de inmediato con cambios contables, ajustando compromisos y programas a la nueva realidad presupuestal. Y aunque el PGN de 2025 fue expedido por decreto presidencial tras no obtener aprobaci\u00f3n en el Congreso; en el 2026 los parlamentarios de oposici\u00f3n evitaron que recurriera a la misma v\u00eda, y llegaron a acuerdos de \u00faltima hora.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, la presi\u00f3n sobre las finanzas p\u00fablicas continuar\u00e1 el a\u00f1o siguiente. Para 2026, el Gobierno tendr\u00e1 el presupuesto m\u00e1s alto registrado hasta la fecha, con 546,97 billones de pesos, seg\u00fan el Decreto 1477; aunque parte de \u00e9l est\u00e9 a\u00fan desfinanciado. Este monto pretende asegurar la operaci\u00f3n de los servicios estatales, el pago de la deuda p\u00fablica y la continuidad de inversiones esenciales, incluso bajo el estado de emergencia econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: INFOBAE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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