Un nuevo pulso fiscal e institucional se abri\u00f3 entre las regiones y el Gobierno nacional, luego de que un grupo de gobernadores anunciara que no aplicar\u00e1 el decreto de emergencia econ\u00f3mica que ajusta el impuesto al consumo de licores y de cigarrillos, y que esperar\u00e1 la decisi\u00f3n de la Corte Constitucional antes de implementarlo.<\/p>\n\n\n\n
La postura se conoci\u00f3 tras una reuni\u00f3n de mandatarios regionales llevada a cabo este jueves, 15 de enero; en la que se dej\u00f3 claro que dicha medida pone en riesgo ingresos estrat\u00e9gicos para financiar salud, educaci\u00f3n y deporte.
Cabe recordar que el antecedente inmediato de esa posici\u00f3n qued\u00f3 formalizado en una carta enviada al Ministro de Hacienda, Germ\u00e1n \u00c1vila Plazas, en la que la Federaci\u00f3n Nacional de Departamentos, en nombre de los 32 gobernadores, manifest\u00f3 su \u201cdesacuerdo y rechazo\u201d frente al Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, \u201cpor el cual se adoptan medidas tributarias\u201d para atender gastos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n durante el Estado de Emergencia.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan ese texto, el conflicto no es menor porque los departamentos consideran que se est\u00e1 interviniendo una renta territorial bajo una l\u00f3gica de financiaci\u00f3n nacional. En la carta, la Federaci\u00f3n sostiene que el impuesto al consumo es una renta cedida y que \u201csu recaudo no forma parte del Presupuesto General de la Naci\u00f3n\u201d, sino que constituye un ingreso departamental con destinaci\u00f3n a \u201csalud, educaci\u00f3n, deporte y otras competencias\u201d.
Ahora bien, en recientes declaraciones, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, tradujo esa discusi\u00f3n jur\u00eddica a un escenario de caja regional y sostuvo que la preocupaci\u00f3n es doble, ya que por un lado, el incremento puede incentivar contrabando y reducir ingresos locales, y por otro, el recaudo adicional \u201cse va a venir para el gobierno central\u201d, golpeando las finanzas departamentales.<\/p>\n\n\n\n
Toro insisti\u00f3 en que el impacto no es abstracto, sino directo sobre sectores sociales que dependen de esas rentas, resaltando que \u201cnuestros principales recursos es el licor y el cigarrillo\u201d y que con ellos, los departamentos financian con esos ingresos programas de salud, educaci\u00f3n y deporte.
De hecho, sostuvo que el contrabando ya viene debilitando las rentas del cigarrillo y que eso ha dificultado incluso el pago a la ADRES de lo correspondiente al r\u00e9gimen subsidiado, un punto que eleva la tensi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La respuesta de los gobernadores, seg\u00fan la mandataria, ser\u00e1 judicial y coordinada y explic\u00f3 que tomar\u00e1n tres caminos, comenzando por radicar un documento ante la Corte Constitucional para que escuche los efectos, presentar tutelas de manera individual y luego avanzar en la construcci\u00f3n de argumentos jur\u00eddicos para sustentar la no aplicaci\u00f3n del decreto en sus regiones.
As\u00ed las cosas, desde los departamentos se recalc\u00f3 al Gobierno que las entidades territoriales gozan de autonom\u00eda fiscal, pol\u00edtica y administrativa y que, aunque en emergencia el Gobierno puede adoptar medidas extraordinarias, esa facultad \u201cno es ilimitada\u201d. Tambi\u00e9n sostienen que la Corte ha sido enf\u00e1tica en exigir \u201cnecesidad, proporcionalidad y conexidad\u201d, y advierte que alterar estructuralmente el r\u00e9gimen de rentas territoriales puede exceder los l\u00edmites del estado de excepci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: PORTAFOLIO<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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