La discusi\u00f3n sobre el futuro de la Sabana volvi\u00f3 a escalar a los estrados judiciales y al debate p\u00fablico. Tras la decisi\u00f3n del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de mantener la medida cautelar que frena la adopci\u00f3n de las Directrices Ambientales impulsadas por el Ministerio de Ambiente, el Gobierno anunci\u00f3 recursos ante el Consejo de Estado y defendi\u00f3 un proceso que, seg\u00fan la ministra (e) Irene V\u00e9lez Torres, cumpli\u00f3 las \u00f3rdenes judiciales y cont\u00f3 con una amplia participaci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n\n\n\n
Pero mientras el Ministerio insiste en que \u201cla vida no es negociable\u201d y en que la Sabana es un ecosistema que debe ordenarse alrededor del agua, desde el sector empresarial y t\u00e9cnico surgi\u00f3 una respuesta que reorienta el foco del debate: no se trata \u2014afirman\u2014 de oponerse a la protecci\u00f3n ambiental, sino de exigir claridad jur\u00eddica, respeto por las competencias territoriales y reglas de transici\u00f3n que eviten un choque institucional.<\/p>\n\n\n\n
En esa l\u00ednea se pronunci\u00f3 ProBogot\u00e1 Regi\u00f3n, que respald\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal y plante\u00f3 que el debate de fondo sigue abierto.<\/p>\n\n\n\n
Para ProBogot\u00e1, en la Sabana existe consenso sobre la necesidad de ordenar el territorio alrededor del agua, un proceso que \u2014recuerdan\u2014 se viene construyendo desde la sentencia de 2014 del Consejo de Estado que orden\u00f3 el saneamiento del r\u00edo Bogot\u00e1. El desacuerdo actual, sostienen, no es sobre la urgencia ambiental, sino sobre la forma en que se pretende adoptar el instrumento.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa decisi\u00f3n del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de no levantar la medida cautelar se fundamenta en problemas estructurales del instrumento propuesto por el Ministerio de Ambiente, no en una falta de conciencia ambiental ni de participaci\u00f3n\u201d, se\u00f1al\u00f3 la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El punto central, advierten, es que el Ministerio no ha resuelto asuntos de fondo que generan incertidumbre jur\u00eddica y podr\u00edan trasladar el conflicto a la etapa de implementaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Entre esos temas est\u00e1 la competencia en materia de uso del suelo, que, de acuerdo con el art\u00edculo 311 de la Constituci\u00f3n, recae en los municipios. Para ProBogot\u00e1, cualquier instrumento de alcance regional debe armonizarse con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y respetar la autonom\u00eda local.<\/p>\n\n\n\n
Otro de los cuestionamientos apunta a la naturaleza jur\u00eddica de las Directrices. Seg\u00fan ProBogot\u00e1, el instrumento inici\u00f3 su tr\u00e1mite como \u201clineamientos\u201d, fundamentados en el art\u00edculo 61 de la Ley 99 de 1993, pero en el camino pas\u00f3 a convertirse en \u201cdirectrices\u201d, con sustento en el Plan Nacional de Desarrollo.<\/p>\n\n\n\n
Esa transformaci\u00f3n, advierten, no precis\u00f3 con claridad su jerarqu\u00eda normativa frente a los POT, los POMCA y otros instrumentos ambientales vigentes en la Sabana, lo que podr\u00eda generar conflictos de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
A juicio de la organizaci\u00f3n, ordenar el territorio alrededor del agua exige reglas claras y coherentes, no ambig\u00fcedades que puedan derivar en litigios prolongados o en par\u00e1lisis de proyectos estrat\u00e9gicos para la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n cuestionan el r\u00e9gimen de transici\u00f3n planteado, que, seg\u00fan su an\u00e1lisis, no contempla compensaciones para actividades que hoy cuentan con respaldo legal bajo los principios de confianza leg\u00edtima y buena fe. Sin ese componente, advierten, podr\u00edan afectarse inversiones en curso y planes de infraestructura necesarios para una regi\u00f3n que concentra m\u00e1s de 10 millones de habitantes.<\/p>\n\n\n\n
Desde el Gobierno, el Ministerio de Ambiente defendi\u00f3 que el proceso cumpli\u00f3 con las \u00f3rdenes judiciales y destac\u00f3 la realizaci\u00f3n de ocho jornadas de concertaci\u00f3n con el Consejo Estrat\u00e9gico de la Cuenca Hidrogr\u00e1fica (CECH), as\u00ed como 165 espacios de di\u00e1logo en los que participaron m\u00e1s de 20.000 personas y se recibieron 6.500 aportes virtuales.<\/p>\n\n\n\n
El documento busca orientar el desarrollo de m\u00e1s de 420.000 hect\u00e1reas en 31 municipios, fortalecer la resiliencia clim\u00e1tica y garantizar la seguridad h\u00eddrica de la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, para ProBogot\u00e1 la participaci\u00f3n amplia e incidente no se agota en el n\u00famero de encuentros, sino en la calidad normativa del resultado. \u201cLa Sabana necesita protecci\u00f3n ambiental con reglas claras, coordinaci\u00f3n real y seguridad jur\u00eddica\u201d, subray\u00f3 la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: EL NUEVO SIGLO<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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