noviembre 21, 2026

Investigarán posible corrupción en Cancillería

La Cancillería puso en marcha un proceso de auditoría forense para examinar parte de la contratación realizada durante el gobierno de Gustavo Petro. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Fondo Rotatorio, suscribió un contrato por 286 millones de pesos con la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (UID), organización encargada de adelantar las verificaciones con un componente investigativo.

La revisión se concentrará en 52 contratos que la entidad previamente identificó y que fueron celebrados bajo la modalidad de mínima cuantía entre 2022 y 2024; sin embargo, el alcance del trabajo no se limitará a comprobar el cumplimiento de los procedimientos administrativos.

De acuerdo con documentos conocidos por el Diario El Espectador, el acuerdo contempla la prestación de servicios profesionales especializados de auditoría forense, con énfasis en la detección de situaciones que puedan requerir atención por parte de la entidad. Las labores tendrán como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2026.

El trabajo contratado contempla la recopilación, verificación, análisis y correlación de información proveniente de diferentes fuentes, principalmente relacionadas con los expedientes contractuales, documentos administrativos, registros societarios y datos financieros. También incluye la revisión de los informes elaborados por quienes estuvieron a cargo de la supervisión de los contratos.

La Cancillería explicó en los documentos preparatorios, conocidos por el medio citado, que el análisis busca establecer si existen elementos que ameriten decisiones o actuaciones posteriores por parte del ministerio. Entre los aspectos que serán examinados están las inconsistencias en la documentación, comportamientos inusuales, riesgos identificados en los procesos y posibles patrones que puedan resultar relevantes.

La auditoría también tendrá como propósito detectar eventuales prácticas contractuales indebidas, riesgos de corrupción, conflictos de intereses, posibles acuerdos entre contratistas y esquemas que pudieran afectar principios como la transparencia de los procesos, la moralidad administrativa, la responsabilidad y la selección objetiva.

Fuente: INFOBAE

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