noviembre 21, 2026

Sandra Ortiz ya no buscaría colaborar con la justicia

El entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa siendo uno de los expedientes más sensibles del escenario judicial. En el foco de esta controversia permanece la exconsejera presidencial para las Regiones en el gobierno de Petro, Sandra Ortiz, procesada penalmente tras señalamientos que la vinculan con la entrega y el transporte de millonarias sumas de dinero de la entidad hacia directivos del Congreso, puntualmente hacia el expresidente del Senado Iván Name.

Hoy, salen a la luz giros discursivos en su estrategia de defensa. Mientras que en abril de 2025 quedó consignado en un comunicado de la Fiscalía que la exfuncionaria pretendía destapar los pormenores de la red de sobornos, en sus declaraciones públicas de 2026 la narrativa ha dado un viraje radical: sostiene que jamás tuvo conocimiento ni información sobre actos de corrupción.

El punto de partida de esta paradoja se remonta al comunicado emitido el 9 de abril de 2025 por la Fiscalía General de la Nación, en el que confirmó que la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema sostuvo mesas de acercamiento con Ortiz para evaluar una posible negociación. No obstante, el ente acusador cerró la puerta a la inmunidad por la gravedad de los delitos imputados, lavado de activos y tráfico de influencias; y calificó los aportes de la defensa como «confusos, contradictorios y no sustentados en evidencias objetivas».

Frente al colapso del principio de oportunidad, el comunicado de la Fiscalía dejó una constancia sobre la advertencia que hizo la exconsejera: «la exfuncionaria manifestó que revelaría públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción, lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia premial». Aquella postura sugería la existencia de revelaciones de alto calibre en su poder, listas para ser expuestas ante la opinión pública si no prosperaba la negociación judicial.

Sin embargo, el relato ventilado en 2026 durante su entrevista en 6AM de Caracol Radio transitó hacia el extremo opuesto. En diálogo con Julio Sánchez Cristo, Ortiz desvirtuó haber tenido información privilegiada o capacidad de delación.

Afirmó que aquellos acercamientos fueron solo exploraciones sugeridas por su abogado de la época y recalcó que nunca firmó actas ni acuerdos. Al explicar por qué no prosperó el beneficio judicial, la exfuncionaria argumentó una total ausencia de datos incriminatorios: aseguró que le pedían hablar de ministros como Ricardo Bonilla o Luis Fernando Velasco, ante lo cual respondió que no tenía ninguna información para entregar ni personas a quienes acusar.

Según su testimonio actual, acceder a un beneficio premiado habría implicado inventar testimonios para perjudicar a terceros, algo que descartó tajantemente.

Este argumento de desconocimiento se alinea con su postura respecto a la acusación de haber sido el enlace logístico para entregar cuatro mil millones de pesos al expresidente del Senado Iván Name. Ortiz ha reiterado con insistencia que jamás aceptó haber transportado dineros ilícitos. Recordó que en su diligencia de mayo de 2025 ante la Corte Suprema de Justicia guardó silencio amparada en el artículo 33 constitucional, y que en febrero de 2026 radicó un escrito formal ante la Sala de Instrucción para rechazar la interpretación que el magistrado Francisco Javier Farfán hizo de sus palabras.

Fuente: EL NUEVO SIGLO

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