31 países piden respetar la democracia en Venezuela

Este jueves 26 de septiembre, desde Nueva York, Venezuela fue uno de los temas en medio de la discusión del debate general de la cumbre de Naciones Unidas, que se lleva a cabo justo en medio de la tensa situación internacional en lugares como Gaza y Líbano.

Tras lo ocurrido en julio, más de 31 países pidieron, entre otras cosas, liberación de presos políticos: Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, Unión Europea, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.

“Treinta y un países se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU para discutir nuestras graves preocupaciones sobre la urgente situación en Venezuela y reiterar nuestro apoyo al respeto de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos en el país”, inicia el pronunciamiento general.

Y agregan: “Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en la elección presidencial del 28 de julio a pesar de los significativos desafíos. Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto. Su voluntad, expresada en las urnas, debe ser respetada. Sin embargo, casi dos meses han pasado desde la elección, y las demandas de transparencia electoral tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional siguen sin respuesta”.

El comunicado advierte que: “Observadores electorales internacionales han documentado serias preocupaciones sobre la transparencia e integridad del proceso electoral, en particular la negativa de la Comisión Nacional Electoral a publicar resultados detallados y verificables de forma independiente de los centros de votación, como es requerido”.

Estos países señalan que están preocupados por la represión generalizada y continua, así como por los informes de abusos y violaciones de derechos humanos tras las elecciones.

“Estos abusos incluyen arrestos y detenciones arbitrarias (incluidos niños), muertes, negaciones de garantías de juicios justos y tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil”, afirman.

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