Competencias para potenciar las regiones
El Gobierno Nacional radicó el Proyecto de Ley 502 de 2025, con el cual busca fortalecer la autonomía de las regiones. La iniciativa propone una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP); sin embargo, no plantea soluciones estructurales a las problemáticas de los territorios.
La radicación del Proyecto de Ley de Competencias en el Congreso de la República por parte del Gobierno Nacional, en diciembre de 2025, permite abrir el debate sobre los mecanismos para aumentar la autonomía de las regiones y así, optimizar la inversión de recursos públicos destinados a la atención de las principales problemáticas.
El objeto del Proyecto de Ley 502 de 2025 enuncia la intención de fortalecer la autonomía y el desarrollo territorial mediante la asignación de competencias y recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), con el fin de cerrar brechas sociales, económicas e institucionales.
El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados). Está estipulado en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 1991, se alimenta de Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), y su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial.
Para cumplir con el propósito, la iniciativa legislativa propone incrementar progresivamente los recursos destinados a los territorios hasta llegar al 39,5% de los ICN, dirigidos a los departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas y entidades territoriales, y orientados a aumentar la inversión en salud, educación y agua potable.
El proyecto establece la nueva distribución de los recursos del SGP, de modo que los recursos adicionales financien el cierre de brechas territoriales en los tres sectores priorizados -educación, salud y agua y saneamiento básico- y fortalezcan la descentralización.
De acuerdo con la distribución propuesta en el SGP primario, 96% de los recursos serán destinados a los principales sectores (Educación -58,5%-; Salud -24,5%-; Saneamiento Básico -5,4%-; y propósito general -11,6%-). El 4% restante a asignaciones especiales (0,52% para resguardos indígenas, 0,08% para ribereños, 0,5% para el PAE y 2,9% para el Fonpet).
En el SGP incremental, 1% será destinado a los Resguardos Indígenas y 5% para el Fondo de Estabilización de Ingresos Territoriales (FEIT). De 80% del incremento el SGP se debe garantizar la prestación de servicios y el cierre de las brechas en salud, educación y APSB. El 20% restante así: 70% para municipios y distritos con propósito general y el 30% para el desarrollo económico en los departamentos.
Finalmente se establece que a partir del año 12 y en adelante, la participación del componente de agua potable y saneamiento básico (APSB) debe ser de 10%, una vez descontadas las asignaciones especiales y la participación del FEIT.
Fuente: LA REPÚBLICA
