La nueva Jurisdicción Agraria
En un acto cargado de simbolismo para el campo colombiano, el presidente Gustavo Petro sancionó este 27 de marzo, en el municipio de Cereté la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria.
Esta es una normativa que redefine la forma en que se administra justicia en los territorios rurales y que el Gobierno califica como un paso ‘histórico’ en la deuda del Estado con el campesinado.
La nueva ley introduce cambios estructurales al sistema judicial agrario al modificar la Ley 270 de 1996, con el objetivo de garantizar que los conflictos relacionados con la tierra sean atendidos por jueces especializados. Esto implica la creación de tribunales y juzgados agrarios, así como equipos técnicos interdisciplinarios que permitirán una atención más eficiente, cercana y adaptada a las realidades del campo.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca que los procesos judiciales agrarios dejen de ser largos, complejos y lejanos para las comunidades rurales. En adelante, los campesinos podrán acceder a una justicia más directa, con operadores judiciales enfocados exclusivamente en resolver disputas sobre tierras, derechos territoriales y conflictos asociados a la ruralidad.
Uno de los elementos novedosos de la ley es la incorporación de facilitadores agrarios y rurales, quienes tendrán la tarea de orientar gratuitamente a los ciudadanos sobre sus derechos y los procedimientos legales. Esta figura pretende reducir las barreras de acceso a la justicia, especialmente en zonas apartadas donde históricamente ha habido una débil presencia institucional.
La sanción de esta ley se enmarca en la política del Gobierno de «avanzar hacia una mayor equidad en el campo y consolidar mecanismos institucionales que permitan resolver conflictos mediante vías legales, en lugar de la confrontación». En ese sentido, la Jurisdicción Agraria se perfila como una herramienta clave para la construcción de paz y la organización del territorio.
Durante el mismo evento, el presidente Petro oficializó la entrega de más de 3.000 hectáreas de tierra a familias campesinas afectadas por fenómenos climáticos recientes en el departamento de Córdoba. Según cifras del Gobierno, esta adjudicación beneficiará a más de 1.000 familias, muchas de las cuales habían visto deterioradas sus condiciones de vida por emergencias ambientales.
Los predios entregados provienen de diversas fuentes estatales, incluyendo el Fondo de Reparación a Víctimas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), así como de procesos de compra directa. Algunos de estos terrenos, de acuerdo con la información oficial, fueron recuperados por el Estado tras haber estado en manos de exjefes paramilitares.
Fuente: PORTAFOLIO
