Estado enfrenta demandas por 44,1% del PIB
La preocupación en el país por el alto déficit fiscal tiene con los pelos de punta a analistas, gremios, instituciones y al propio gobierno, ya que las cifras se van a agravando con el paso de los meses. A ese hueco roto parece que no le cabría otro problema. Sin embargo, surgió una investigación que agrava las cifras.
Se debe a la publicación de un informe en que se dieron a conocer los litigios y demandas en curso contra el Estado, que no solo constituyen un desafío jurídico, sino que también tienen implicaciones fiscales.
Los litigios contra el Estado han aumentado de manera significativa en los últimos cinco años. Entre 2015 y 2020 se registró un promedio de 13.000 procesos activos por año, pero en 2024 la cifra ascendió a 70.000 procesos activos. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las pretensiones de estos litigios alcanzaron $753 billones a junio de 2025, lo que representa un incremento de $326 billones frente al total observado al cierre de 2019.
Es decir, que las demandas ya representan el 44,1% del Producto Interno Bruto del país, que en 2024 llegó a $1,706 billones.
Lo peor en el asunto de los litigios es que el gobierno apenas apropió en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, solo $5 billones para cubrimiento de los procesos y en el Presupuesto para 2025 no aparece ninguna partida para atender los procesos.
En efecto, un informe de ANIF señala que “esos litigios han adquirido un peso considerable dentro de las finanzas públicas, dado que las decisiones judiciales y las conciliaciones son un pasivo contingente significativo para la Nación y se convierten en una obligación cuando la sentencia es desfavorable para el Estado”.
De allí que las controversias judiciales, especialmente en torno a conflictos laborales, el sector educativo y las disputas por decisiones administrativas, amplían continuamente el espectro de los riesgos financieros. La materialización de estos pasivos puede afectar las cuentas fiscales, limitar la política económica y deteriorar la credibilidad del Estado frente a inversionistas y ciudadanos. Por ello, resulta interesante entender cuál es el panorama actual de estos litigios.
El informe privado aborda el estado de los litigios contra el Estado en Colombia, destacando su evolución reciente y los desafíos que esto plantea para la sostenibilidad fiscal y la gestión pública del país.
Entre los procesos recientes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), al cierre del primer semestre de 2025, documentó 43 procesos judiciales activos donde empresas mineras han demandado a diferentes entidades estatales, incluyendo a Ecopetrol, por pretensiones que ascienden a $3,82 billones. Los demandantes alegan planificación inadecuada, decisiones erróneas y modificaciones unilaterales de normativas que alteran las condiciones originales de títulos y licencias. De manera similar, la intervención de la EPS Sanitas llevó a los accionistas del grupo Keralty a demandar al Estado por perjuicios derivados de esta medida regulatoria, en su criterio, contraria a la ley.
En este contexto, las demandas admitidas contra el Estado han experimentado un crecimiento en los últimos años. De acuerdo con los registros, mientras que entre 2015 y 2020 se mantiene un promedio anual de 13,3 mil demandas activas, esta cifra en 2024 escaló a 69.900. En 2025, tan solo a corte de junio, las demandas ya alcanzaron las 28.700, muy por encima del promedio histórico.
De mantenerse este comportamiento en lo que resta del año, el número de casos podría alcanzar los 57.400 al cierre de 2025. Esta estimación depende de que los casos que concluyen con fallo definitivo y dejan de estar activos, además de los admitidos adicionalmente mantengan el mismo patrón de comportamiento registrado hasta la fecha.
Con lo anterior, la mayoría de los procesos activos (248.953 casos, equivalentes al 76,1% del total) han sido admitidos a partir de 2020. Destaca particularmente el aumento de litigios no laborales, que pasaron de 3,2 mil demandas en 2015 a 14,5 mil en 2024.
Analizando la distribución de pretensiones económicas de los litigios, se observa que existen 979 demandas con pretensiones por caso superiores a $50.000 millones, para un total de $576 billones; 32.000 casos con montos entre $1.000 millones y $50.000 millones, por una pretensión agregada de $127 billones; y 246.000 casos con reclamaciones por caso inferiores a $100 millones, que suman en total $30 billones.
Fuente: EL NUEVO SIGLO
