Estudian muerte política de Isabel Zuleta
El Consejo de Estado ha dado un nuevo paso en el proceso de demanda de pérdida de investidura contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta. El caso, que podría derivar en su «muerte política», se centra en su presunta responsabilidad en la logística para trasladar a cabecillas de bandas criminales fuera de su centro de reclusión para un evento oficial.
La controversia gira en torno a un evento realizado en La Alpujarra (Medellín), que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro. Según la denuncia, se gestionó la salida de varios jefes de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí para que asistieran a dicho acto.
La demanda, interpuesta por William Quintero, señala que la senadora Zuleta habría gestionado directamente ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) los permisos para estos traslados.
El núcleo de la acusación radica en una presunta extralimitación de funciones y violación de los procedimientos legales. Quintero argumenta dos puntos fundamentales:
Falta de competencia: Aunque Zuleta fungía como representante del Gobierno en la “Mesa de Paz Urbana”, el demandante sostiene que ella no estaba habilitada para solicitar dichos traslados. Según la normativa citada en la demanda, esta facultad recaía exclusivamente en el coordinador de la mesa, Jorge Iván Mejía Martínez.
Ausencia de orden judicial: Se indica que los cabecillas, al estar cumpliendo condena en prisión, requerían obligatoriamente la autorización de un juez de la República para ser movilizados, requisito que presuntamente no se cumplió.
En la fase más reciente del proceso, la Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado decretó la apertura de un amplio material probatorio. El tribunal ordenó la incorporación de documentos clave y el envío de oficios a distintas entidades del Estado.
El objetivo de estas diligencias es verificar la cadena de mando en las solicitudes ante el Inpec y determinar si la congresista actuó por fuera del marco legal, lo que podría costarle su curul y la inhabilidad para ejercer cargos públicos a futuro.
Fuente: EL NUEVO SIGLO
