Gobernadores rechazan emergencia económica
Un nuevo pulso fiscal e institucional se abrió entre las regiones y el Gobierno nacional, luego de que un grupo de gobernadores anunciara que no aplicará el decreto de emergencia económica que ajusta el impuesto al consumo de licores y de cigarrillos, y que esperará la decisión de la Corte Constitucional antes de implementarlo.
La postura se conoció tras una reunión de mandatarios regionales llevada a cabo este jueves, 15 de enero; en la que se dejó claro que dicha medida pone en riesgo ingresos estratégicos para financiar salud, educación y deporte.
Cabe recordar que el antecedente inmediato de esa posición quedó formalizado en una carta enviada al Ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, en la que la Federación Nacional de Departamentos, en nombre de los 32 gobernadores, manifestó su “desacuerdo y rechazo” frente al Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, “por el cual se adoptan medidas tributarias” para atender gastos del Presupuesto General de la Nación durante el Estado de Emergencia.
Según ese texto, el conflicto no es menor porque los departamentos consideran que se está interviniendo una renta territorial bajo una lógica de financiación nacional. En la carta, la Federación sostiene que el impuesto al consumo es una renta cedida y que “su recaudo no forma parte del Presupuesto General de la Nación”, sino que constituye un ingreso departamental con destinación a “salud, educación, deporte y otras competencias”.
Ahora bien, en recientes declaraciones, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, tradujo esa discusión jurídica a un escenario de caja regional y sostuvo que la preocupación es doble, ya que por un lado, el incremento puede incentivar contrabando y reducir ingresos locales, y por otro, el recaudo adicional “se va a venir para el gobierno central”, golpeando las finanzas departamentales.
Toro insistió en que el impacto no es abstracto, sino directo sobre sectores sociales que dependen de esas rentas, resaltando que “nuestros principales recursos es el licor y el cigarrillo” y que con ellos, los departamentos financian con esos ingresos programas de salud, educación y deporte.
De hecho, sostuvo que el contrabando ya viene debilitando las rentas del cigarrillo y que eso ha dificultado incluso el pago a la ADRES de lo correspondiente al régimen subsidiado, un punto que eleva la tensión.
La respuesta de los gobernadores, según la mandataria, será judicial y coordinada y explicó que tomarán tres caminos, comenzando por radicar un documento ante la Corte Constitucional para que escuche los efectos, presentar tutelas de manera individual y luego avanzar en la construcción de argumentos jurídicos para sustentar la no aplicación del decreto en sus regiones.
Así las cosas, desde los departamentos se recalcó al Gobierno que las entidades territoriales gozan de autonomía fiscal, política y administrativa y que, aunque en emergencia el Gobierno puede adoptar medidas extraordinarias, esa facultad “no es ilimitada”. También sostienen que la Corte ha sido enfática en exigir “necesidad, proporcionalidad y conexidad”, y advierte que alterar estructuralmente el régimen de rentas territoriales puede exceder los límites del estado de excepción.
Fuente: PORTAFOLIO
