Gobierno evalúa medida de control de precios
Tras la confirmación del incremento del 23% en el salario mínimo, el Gobierno nacional evalúa la expedición de decretos orientados a establecer controles de precios y mitigar posibles alzas en el costo de vida. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el Ejecutivo estudia medidas para evitar fenómenos de especulación derivados del ajuste salarial.
Según las proyecciones presentadas por el Gobierno, la incidencia real del aumento del salario mínimo sobre el costo de vida y los precios de los productos se estima en un 0,6%. Sanguino sostuvo que el impacto sobre los bienes derivados de este incremento es marginal y enfatizó que el alza en el precio final de un producto no debe corresponder aritméticamente al porcentaje del aumento salarial.
Sanguino explicó que en la producción de bienes y servicios concurren múltiples factores de producción adicionales al salario, por lo que un traslado directo del 23% a los precios al consumidor carecería de fundamento técnico.
Para garantizar la estabilidad de los precios, el Gobierno coordina acciones con el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda y las Superintendencias encargadas de las funciones de inspección, vigilancia y control. El objetivo es utilizar los instrumentos legales vigentes para sancionar conductas especulativas, las cuales son catalogadas como ilegales por la Administración.
Ante este anuncio, el representante a la Cámara, Andrés Forero, expresó: “El gobierno sigue al pie de la letra el libreto chavista. Sube de forma populista el salario mínimo, dice que no tiene efectos inflacionarios y a renglón seguido anuncia control de precios que destruye la economía”.
Una medida similar fue establecida en el país vecino, Venezuela, hace más de 20 años. Con ocasión de la crisis económica derivada de la huelga general de empresarios y trabajadores de diciembre de 2002 y enero de 2003, el Ejecutivo Nacional decidió establecer un régimen cambiario y un régimen de control de precios.
A partir de ese momento, la libertad económica y el derecho de propiedad en Venezuela se vieron restringidos. Conforme a ambos regímenes, no hubo libertad de cambio, y tampoco libertad de fijación del precio en la comercialización de bienes y servicios.
De manera paralela, se adelanta el proceso de desindexación de bienes y servicios que permanecen atados al salario mínimo. El Gobierno anunció la próxima expedición de un decreto para desvincular el cobro de elementos como la vivienda de interés prioritario (VIP) y la vivienda de interés social (VIS). Según manifestó el ministro de Trabajo, hasta la fecha, se han desindexado 225 productos en los últimos años, y la administración busca completar esta lista en el corto plazo.
Frente a las inquietudes sobre el impacto de estas medidas en las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que constituyen el 99,7% del tejido empresarial y operan con márgenes ajustados, el Gobierno anunció mecanismos de mitigación.
Fuente: EL NUEVO SIGLO
