Gobierno nacional prepara estatuto antiterrorista
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara un estatuto antiterrorista que busca endurecer las herramientas jurídicas y operativas contra los grupos armados organizados y que sería presentado en las próximas semanas ante el Congreso junto con una ley de sometimiento.
De acuerdo con información conocida en exclusiva por el periódico El Tiempo, el paquete antiterrorista estará dividido en dos proyectos de ley que se tramitarán de manera paralela: uno estatutario y otro ordinario.
La división responde a que algunas medidas tocarían directamente derechos fundamentales y, por esa razón, tendrían que tramitarse mediante una ley estatutaria, que requiere mayorías absolutas, debe aprobarse en una sola legislatura y queda sometida a revisión automática de la Corte Constitucional.
Otros componentes avanzarían como ley ordinaria para que puedan entrar en vigor sin esperar el control constitucional del grueso del estatuto.
La iniciativa está bajo la coordinación del Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Lara, mientras que el Ministerio de Justicia será responsable de la ley de sometimiento.
Uno de los pilares de la propuesta sería la creación de un sistema de listas de organizaciones terroristas, inspirado, según fuentes del Ejecutivo citadas por el medio, en modelos utilizados por Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas.
La intención del Gobierno es que las estructuras incluidas en esos listados pasen a ser clasificadas como grupos armados organizados, GAO, con las consecuencias jurídicas y operacionales que el Ejecutivo pretende asociar a esa categoría.
El proyecto también plantea que a esas organizaciones se les aplique el Derecho Internacional Humanitario, DIH, conjunto de normas que regula la conducción de las hostilidades en los conflictos armados y establece límites para proteger a quienes no participan directamente en ellas.
Según la propuesta descrita por el periódico El Tiempo, esa clasificación serviría como fundamento para habilitar operaciones militares, incluidos bombardeos contra estructuras que entren en esos listados, dentro del marco que defina la legislación y el DIH.
Otro componente sería la creación de un régimen penitenciario especial para cabecillas de organizaciones calificadas como terroristas, una discusión que se relacionaría con los proyectos de megacárceles y buques cárcel anunciados por el Gobierno.
Asimismo, se plantea una figura para la aprehensión de bienes diferente al procedimiento actualmente existente de extinción de dominio.
El articulado también contemplaría agravantes para delitos vinculados con organizaciones incluidas en las listas y mayores controles sobre las fuentes de financiación de esas estructuras.
Entre las medidas se encuentra un seguimiento reforzado a la compraventa de oro, las licencias de casas de cambio y su bancarización, con el propósito declarado de combatir el lavado de activos.
El estatuto también incluiría disposiciones para enfrentar las asonadas que, según la administración, sean utilizadas para obstaculizar operaciones de la Fuerza Pública.
Además, buscaría ampliar las herramientas de cooperación internacional contra el crimen organizado.
Fuentes: INFOBAE – EL TIEMPO
