Gobierno y bancos siguen sin acuerdo
Una nueva ronda de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el sector financiero finalizó sin acuerdos, en medio del debate por el traslado de ahorros de fondos privados a Colpensiones y la posibilidad de imponer inversiones forzosas ante la emergencia económica en la región Caribe.
El Ejecutivo propone transferir $25 billones a Colpensiones antes del 16 de julio, una medida que enfrenta rechazo del sector bancario y advierte sobre consecuencias para el ahorro privado, las tasas de interés y la economía nacional.
El enfrentamiento implica decisiones sobre la transferencia obligatoria de fondos de los trabajadores que optaron por pasarse de las administradoras privadas, mientras bancos y administradoras de fondos de pensiones mantienen la oposición.
Mientras el Ejecutivo defiende que la transferencia es legal y necesaria, el sector financiero insiste en los posibles desequilibrios económicos.
Una nueva reunión se desarrolló, el 5 de marzo, en la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda, con la participación del presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, y directivos de bancos como Davivienda, BBVA y Bancolombia. Se espera un nuevo encuentro el lunes 9 de marzo , aunque el plazo oficial para el traslado de fondos vence el 16 de julio.
El Gobierno colombiano impulsa un decreto que obligaría a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a transferir todos los recursos de más de 25.000 afiliados —incluidos 5.000 ya pensionados— desde fondos privados a Colpensiones. Según la propuesta, el traslado deberá hacerse en un máximo de 15 días tras la entrada en vigor de la nueva normativa.
El presidente Petro defendió públicamente la medida. “Yo no propongo que los fondos privados transfieran a Colpensiones billonarios recursos porque sí ni para financiar el gobierno”, sostuvo el mandatario. Añadió que “el ahorro de cualquier persona es de la persona, no del banco, y mi deber constitucional es protegerlo y no permitir ninguna forma de expropiación. El ahorro es propiedad privada del ahorrador”.
El Ejecutivo decidió fijar un plazo para evitar demoras adicionales, ya que las AFP todavía no transfirieron la totalidad de los recursos. El núcleo de la polémica está en la dimensión del traslado: los $25 billones representan un volumen significativo para la estabilidad de Colpensiones y la sostenibilidad futura de las reservas públicas para pensiones.
Las posiciones en torno al traslado obligatorio de fondos abren un debate sobre el equilibrio entre la protección de los ahorros de los trabajadores y el apoyo a la sostenibilidad fiscal de Colpensiones. Mientras el Gobierno insiste en el cumplimiento de la ley y la defensa del derecho individual, entidades del sector financiero y expertos en pensiones remarcan los riesgos para el sistema y el ahorro nacional.
Fuente: INFOBAE
