Investigan a Petro por polémica compra de aviones
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió formalmente una investigación previa en materia penal contra el presidente de la República, Gustavo Petro. El proceso se centra en presuntas irregularidades cometidas durante la planeación y adquisición de 17 aviones de combate tipo Gripen a la multinacional sueca Saab, una transacción estatal cuyo valor estimado supera los 16 billones de pesos.
El expediente judicial, radicado bajo el número 7187 y derivado de una denuncia ciudadana interpuesta por Pablo Bustos, quedó en manos del congreso. A través del auto de sustanciación conocido a partir del documento oficial, la congresista ordenó avocar conocimiento de los hechos sobre la flota aérea anunciada por el Gobierno Nacional el 14 de noviembre de 2025.
El documento emanado por la célula legislativa trasciende la figura del jefe de Estado y apunta directamente a su entorno. En el artículo cuarto de la resolución se emite una directriz judicial inédita que vincula al proceso a la esposa del primer mandatario, exigiendo: “Ordenar la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación a fin de que se investigue a la señora Verónica Alcocer por los hechos aquí denunciados”.
Esta medida busca que el ente acusador determine, por su propia vía, si existió alguna clase de participación o injerencia en la adjudicación del multimillonario contrato aeronáutico.
Para garantizar que el rastreo del dinero público y las presuntas faltas administrativas avancen sin frenar el proceso penal principal, la Comisión decretó la “ruptura procesal en materia disciplinaria y fiscal”.
En la práctica, la corporación determinó en el documento “oficiar a la Procuraduría General de la Nación con el fin de que remita a esta oficina, copia íntegra del proceso disciplinario” que se adelante contra el mandatario por las denuncias de Bustos Sánchez. De manera paralela, se despachó una instrucción idéntica hacia la Contraloría General de la República para incorporar al expediente legislativo los hallazgos sobre cualquier detrimento patrimonial ocasionado al erario por este negocio.
La fase inicial de recaudo probatorio fijó su mirada técnica en la cartera de seguridad. El artículo sexto ordena al Ministerio de Defensa remitir “toda la información y documentación, que reposa en esa cartera, respecto a la compra de 17 aviones de combate”.
Sumado a esto, el legislativo requiere el testimonio bajo certificación jurada del titular de la cartera, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez. La diligencia se ejecutará mediante un cuestionario remitido a los correos oficiales de notificaciones prejudiciales de la entidad. El funcionario enfrenta un plazo estricto y perentorio fijado en el auto: “se deberá devolver con sus respectivas respuestas a los ocho (8) días siguientes de recibido este”.
Para blindar la competencia del caso, la investigadora exigió a la Secretaría General de la Presidencia que “exhiba y entregue la calidad foral y acta de posesión” de Gustavo Petro. Finalmente, el Ministerio Público, amparado en el artículo 427 de la Ley 600 de 2000, fue vinculado oficialmente para garantizar su presencia obligatoria en todas las diligencias de esta investigación que arranca en el Congreso.
Fuente: PUBLIMETRO
