La inviabilidad del ‘fast track’ de Petro
El 20 de julio se iniciará la tercera legislatura del Congreso y desde ya se avecina una gran discusión política sobre las prioridades que se deberán implementar para avanzar en diferentes temas que están pendientes para los partidos. Aunque las colectividades tienen una amplia gama de proyectos para beneficiar a sus regiones, el trámite de las reformas del Gobierno Petro ha truncado su avance. Nuevamente, la agenda legislativa estará centrada en los anuncios del mandatario, que a menudo se quedan en meros anuncios y tardan varias semanas en explicar su propósito.
Sumado a todo el enredo de la constituyente que deberá liderar Juan Fernando Cristo, asunto que todavía no ha sido aclarado sobre cómo se llevará a cabo, ahora Petro propuso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) un fast track, que no es nada distinto a un mecanismo para recortar los trámites legislativos y que las iniciativas sean aprobadas de manera expedita.
Si la propuesta de Petro es echar mano de la misma figura que se usó para crear un marco normativo para el acuerdo de paz con las extintas Farc-EP en 2016, la idea sería que por medio de este mecanismo pudiera acelerar la aprobación de unos temas puntuales que anunció: modificación de las normas de las vigencias futuras, cambio en la distribución del Sistema General de Participaciones para dirigir recursos a las zonas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), excarcelar al campesinado productor de hoja de coca, inversiones forzosas para la sustitución productiva de economías ilícitas, creación de la figura de la conversión hereditaria en las zonas selváticas, reforma agraria, la transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructuradora de proyectos productivos, un tribunal de cierre para todos los actores del conflicto y la ampliación del acuerdo por siete años más.
En el papel es un trámite que se podría hacer en el Congreso por la vía ordinaria, pero Petro quiere hacerlo rápidamente, según él, para acelerar la implementación del acuerdo de paz. No obstante, todo este asunto podría resultar siendo una discusión estéril a dos años de terminar su mandato y de que haya elecciones al Congreso. Para que Petro pueda sacar adelante su idea del fast track, el Gobierno deberá presentar un nuevo acto legislativo que contemple las modificaciones y reglas que se quieren cambiar para que sea aprobado por el Congreso.
El antecedente es el acto legislativo 01 de 2016 que reglamentó el marco normativo del proceso de paz y que ya se ejecutó cabalmente porque su vigencia era de seis meses. En ese momento quedó claro que los proyectos de ley y actos legislativos serían únicamente de iniciativa del Gobierno nacional, que tendrían un trámite preferencial, que los proyectos serían debatidos en sesiones conjuntas y que las reformas constitucionales serían aprobadas en cuatro debates. Por esa razón, tendría que llegar un nuevo texto para ser discutido y ese trámite podría llevar hasta 12 meses, es decir, junio de 2025.
Según el senador Iván Cepeda, dicho acto legislativo debería surgir de un acuerdo nacional, pero tampoco está claro cuándo ni cómo se lograría porque la realidad política es muy diferente a la que existía en 2016, cuando las bancadas apoyaban la paz y estaban respaldando las políticas de Juan Manuel Santos, excepto el Centro Democrático y los líderes del ‘No’ que ganaron en el plebiscito. César Lorduy, magistrado del Consejo Nacional Electoral, recordó datos interesantes sobre el trámite de dicha reforma de 2016, y sería la muestra de que meter al país en esta discusión es totalmente inocuo. “Entre la presentación del acto legislativo que dio origen al fast track para la paz y su aprobación en el Congreso, pasaron diez meses, exactamente 296 días”, dijo.
Dado el caso de que el Congreso aprobara la propuesta de Petro, todas las iniciativas tendrían un control constitucional para dar un blindaje y esto tendría otros tiempos que tampoco se logran cumplir en su mandato.
Si a todo esto se suma que desde 2025 el Congreso entrará en modo campaña y que cada legislador estará pensando en su futuro político, la idea de Petro no tiene ningún asidero. Por ahora, Cristo no ha querido pronunciarse sobre esta idea de Petro, y seguramente esperará a reunirse con el mandatario para tener claro el panorama. En 2016 él estaba frente a la cartera política y conoce muy bien el mecanismo, pero seguramente también tiene la certeza de que las circunstancias son totalmente diferentes.
Fuente: REVISTA SEMANA
