JEP anuncia recorte del 85 % de sus contratos y cambios en funcionamiento
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció un plan de austeridad que transformará buena parte de su funcionamiento. Durante su posesión como presidente de la jurisdicción, el magistrado Danilo Rojas Betancourth informó que la entidad recortará el 85 % de sus contratos de prestación de servicios, entregará su sede en Bogotá, comenzará a trabajar principalmente de manera virtual y reducirá los esquemas de protección. Las medidas buscan ajustar sus gastos a los recursos disponibles.
El recorte de los contratos representaría un ajuste aproximado de $83.000 millones, mientras que los cambios en los esquemas de protección permitirían ahorrar otros $37.000 millones anuales, según las cifras entregadas por Rojas.
“Hemos decidido reducir los esquemas de protección de magistrados, fiscales y secretarios ejecutivos. De hecho, estos últimos no los reducirán, prescindirán de ellos. También, y muy a nuestro pesar, se decidió variar y reducir los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes”, explicó el presidente de la JEP. El magistrado agregó que solicitará al Gobierno nacional asumir esa responsabilidad, de acuerdo con las normas pertinentes.
Otro de los cambios anunciados será la entrega formal del edificio que actualmente ocupa la jurisdicción, prevista para marzo de 2027. Rojas señaló que el acto de posesión fue “el último acto público en este edificio”.
La entidad pasará de utilizar cerca de 15.000 metros cuadrados a una sede de aproximadamente 4.200 metros cuadrados, una reorganización que, según el magistrado, permitirá ahorrar alrededor de $26.000 millones anuales.
La reducción del espacio también obligará a modificar la operación interna. La virtualidad se convertirá en la regla general y se implementará un modelo de trabajo por turnos, con puestos compartidos y rotación del personal. Además, la JEP buscará apoyo de universidades, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, otras entidades públicas y autoridades locales para desarrollar actividades específicas de sus oficinas territoriales.
En materia de seguridad, el ajuste no se limitará a los funcionarios de la jurisdicción. También habrá una reducción de las medidas de protección para víctimas, testigos y comparecientes, una decisión que Rojas calificó como especialmente sensible.
La Unidad de Investigación y Análisis, que cumple funciones similares a las de una fiscalía dentro de la JEP, entregará los 17 esquemas de protección asignados a sus fiscales. El presidente insistió en que el Gobierno debe asumir responsabilidades frente a las personas amenazadas.
Fuente: PORTAFOLIO
