Los ejes claves del Estatuto Antiterrorista
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dio a conocer los detalles del Estatuto Antiterrorista que se anunció desde días pasados. El Gobierno ultima los detalles logísticos y jurídicos para presentar de forma oficial el borrador del nuevo Estatuto Antiterrorista ante las comisiones primeras en el Congreso de la República. Se trata del texto normativo que contempla un articulado superior con disposiciones específicas, tiene como eje central la creación de un registro oficial de organizaciones criminales prioritarias a las que se les aplicará un marco sancionatorio y de persecución penal agravado.
La iniciativa cuenta con ambiente favorable entre las mayorías del Legislativo. Diversos voceros consideran necesario renovar el arsenal normativo de las Fuerzas Militares y de Policía tras el deterioro de las condiciones de orden público en distintas subregiones del país. Son más de 130 artículos orientados a combatir frontalmente a las organizaciones terroristas y sus finanzas.
El proyecto se estructura en tres aspectos fundamentales como la creación de listas de organizaciones terroristas, la defensa de la institucionalidad y controles, y el régimen penitenciario especial. Frente a la creación de las listas de organizaciones antiterroristas se establece una instancia técnica que, a través de un órgano integrado por delegados del Consejo de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia, la Cancillería, la Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para elaborar los expedientes de clasificación.
El Consejo de Seguridad emitirá un acto administrativo para oficializar qué grupos entran en el listado de terroristas. Contempla un congelamiento de activos por medio del registro de estructuras criminales que conlleva al bloqueo inmediato de fondos, recursos económicos y cuentas bancarias. Establece un mecanismo de exclusión para procedimientos que permitan incluir o retirar de la lista a aquellas estructuras que decidan acogerse de manera efectiva a la ley de sometimiento a la justicia o continúen delinquiendo.
Como parte de la institucionalidad y los controles se crea la oficina del Alto Comisionado Contra el Terrorismo adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), elegida por el presidente para un periodo fijo de cinco años sin posibilidad de reelección y con altos requisitos de experiencia. Al igual que se aplica el Régimen Penitenciario Especial, este fija pabellones exclusivos para los cabecillas de estas estructuras que estarán recluidos en establecimientos de máxima seguridad o pabellones aislados.
Las medidas de detención tendrán restricción de comunicaciones entre las que se contempla la suspensión de comunicaciones y visitas limitadas exclusivamente a familiares en primer grado, exceptuando lo estrictamente relacionado con su derecho a la defensa, así como reducción de penas por colaboración, se prevé una rebaja de hasta el 60 % en las penas para aquellos miembros cuya colaboración sea real y efectiva para desarticular por completo una organización. Se perderían los beneficios de forma inmediata si se descubre ocultamiento de información, beneficios que hacen parte de la Ley de Sometimiento para integrantes de estructuras criminales.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, declaró: “Presentaremos este proyecto, el 8 de octubre, ante el Consejo de Política Criminal, el Estatuto Antiterrorista es una pieza que ya tiene más de 130 artículos, crea una lista de estructuras y organizaciones terroristas y de ahí se desprenden normas específicas. Vamos a atacar las finanzas de esas organizaciones. Yo no defino qué organizaciones hacen parte del Estatuto, ahí hay un procedimiento garantista para incluirlas, también para excluirlas en caso de que se integren a la ley de sometimiento que trabaja el ministro de Justicia Iván Cancino, de la que también hemos participado desde el Ministerio del Interior”.
De igual manera, el funcionario gubernamental agregó que “es un sistema de listas, como hay en Estados Unidos, como en Europa o en la ONU, allí se incluyen las organizaciones que serán definidas y catalogadas como terroristas y después se derivan normas penales, penitenciarias contra las finanzas de esas organizaciones, lo que se busca es tener unas organizaciones listadas como terroristas y unas normas muy duras para combatir a los terroristas, como debe ser”.
Una vez el proyecto sea radicado en el Congreso de la República serán las comisiones primeras las que asuman su discusión. Se prevé por parte del Gobierno nacional que la radicación entre por el Senado de la República.
Fuente: EL NUEVO SIGLO
