Leyva no aceptó cargos por prevaricato
La Fiscalía General de la Nación imputó al excanciller Álvaro Leyva Durán por el delito de prevaricato por acción, en el marco de la investigación relacionada con el proceso de licitación para la expedición de pasaportes. El exfuncionario no aceptó cargos.
«Quiero que sea muy clara la manifestación, que quede absolutamente clara y reitero, no acepto ninguno de los cargos», indicó Leyva.
El ente acusador manifestó que «la decisión de declarar desierta la licitación de pasaportes presentó falsa motivación».
De acuerdo con el ente acusador, Leyva Durán, en ejercicio de su cargo, habría proferido tres actos administrativos contrarios a la ley para obstruir la licitación 001 de 2023, que tenía por objeto la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por valor de 559.000 millones de pesos.
“Usted, de manera arbitraria, desconoció que sí existía un proponente adecuado con las condiciones para la adjudicación del proceso de contratación”, advirtió la delegada de la Fiscalía.
Inicialmente, el comité evaluador recomendó entregar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió los requerimientos exigidos. En ese sentido, se citó para la adjudicación pública; pero, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán expidió la Resolución 7485 por medio de la cual declaró desierta la licitación con el argumento de que se presentó un solo oferente.
Ante esta decisión, el representante de la unión temporal interpuso recurso de reposición, el cual fue negado por el entonces ministro, a través de la Resolución 7540 del 14 de septiembre. Esta actuación no permitió al recurrente presentar formalmente un documento con sus argumentos y lo obligó a sustentar verbalmente. Las consideraciones carecían de sustento fáctico y jurídico. El mismo día, Leyva Durán emitió una nueva resolución para declarar la urgencia manifiesta y así permitir que el contrato de pasaportes fuera asignado de manera directa, sin licitación y participación de otros aspirantes
Es importante mencionar que la Procuraduría General de la Nación confirmó, en un fallo de segunda instancia, la destitución e inhabilidad por 10 años de Leyva Durán. La drástica sanción se debe a las irregularidades detectadas en el proceso de licitación para la fabricación y expedición de pasaportes en Colombia, el cual fue declarado desierto por el excanciller desconociendo los principios de la contratación estatal.
Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, Leyva Durán puso en riesgo la emisión de pasaportes, violó el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar del país libremente y a pesar de tener la posibilidad de corregir los errores cometidos al declarar desierta la licitación no lo hizo y ratificó su actuar.
Este proceso inició en la decisión que tomó el excanciller en 2023 de declarar desierta la licitación para la expedición de pasaportes. El presidente Gustavo Petro, en su momento, expresó su oposición a la adjudicación del contrato, dado que la empresa Thomas Greg & Sons era la única oferente y había sido la contratista por 17 años consecutivos, un panorama que generó cuestionamientos sobre los requisitos de participación.
El Gobierno intentó implementar un nuevo modelo de pasaportes con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, pero este convenio fue demandado por la Procuraduría por presuntas irregularidades legales y técnicas.
La demanda apunta directamente contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moneda S.A. de Portugal. El contrato en disputa, firmado el 28 de julio de 2025, buscaba implementar un nuevo modelo de producción y expedición de pasaportes y etiquetas de visas. El valor total de este acuerdo asciende a $1,308,034,931,250.
Fuente: EL NUEVO SIGLO
