Leyva irá a juicio ante la Corte Suprema
Después de una audiencia en la que el excanciller Álvaro Leyva no estuvo presente, el exministro adquirió finalmente la condición de acusado. Es decir, irá a juicio. La Fiscalía lo señala como presunto autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, es decir, por incumplir deliberadamente varias veces varias normas.
Todo se remonta a la licitación para fabricar los pasaportes en 2023. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores adelantó el proceso para seleccionar la empresa que se encargaría de la personalización, custodia y distribución de las libretas, así como la impresión y entrega de las visas colombianas.
Cuando se agotaron las etapas que prevén las normas contractuales, el comité evaluador concluyó que la propuesta de la Unión Temporal Pasaportes 2023, que lideraba la firma Thomas Greg & Sons y era la única proponente, cumplía con los requisitos para la adjudicación del contrato de más de 599 mil millones de pesos.
El comité recomendó entregarle el convenio. Pero el 13 de septiembre de 2023 el entonces canciller Leyva expidió una resolución, la 7485, para declarar desierta la licitación. La Fiscalía argumenta que la decisión no tiene fundamento legal, y el Gobierno sostuvo que la unión temporal afectaba varios principios.
Un día después, al resolver un recurso de reposición del proponente, Leyva sacó otra resolución, la 7540, que ratificó la declaratoria como desierta. Y con otro acto administrativo, la Resolución 7541, declaró la urgencia manifiesta en el Fondo Rotatorio, sin argumentos de peso, según la Fiscalía.
Ya la Procuraduría sancionó con una inhabilidad de diez años al exministro de Exteriores del gobierno de Gustavo Petro, por las jugadas que aspiraban a sacar del camino a Thomas Greg & Sons, la empresa que desde 2007 y hasta abril de 2026 diseñaba ininterrumpidamente las libretas.
El Gobierno buscaba que Thomas Greg no fuese el único oferente, lo que desencadenó varios líos jurídicos desde 2023. Leyva, entonces jefe de las relaciones internacionales, declaró desierta la licitación, y Thomas Greg demandó al Estado, aunque en enero de 2025 —cuando la Cancillería había prorrogado el contrato con la compañía— desistió.
Al final, el contrato siguió amarrado a la multinacional. El Gobierno volvió a declarar, en 2024 y 2025, la urgencia manifiesta, mientras afinaba los detalles de un convenio entre la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal. La Procuraduría demandó el acuerdo, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo analiza.
La Fiscalía ahora espera que, además de las sanciones disciplinarias, el político conservador de 83 años enfrente consecuencias penales. El ente acusador asegura que el exfuncionario «sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios a derecho». La Cancillería se acreditó como víctima en el proceso.
Fuente: La FM
