Maduro enfrenta nuevo caso en Estados Unidos
Cinco familias venezolanas presentaron una demanda federal en Brooklyn contra Nicolás Maduro, acusándolo de haber autorizado el asesinato de al menos 1.300 personas a manos de una fuerza de seguridad de élite entre 2017 y 2020, en operaciones que, según la acusación, incluían irrumpir en viviendas de barrios pobres, obligar a hombres y niños a arrodillarse y dispararles, y luego falsificar las escenas del crimen para simular enfrentamientos. The New York Times reveló los detalles de la demanda y los testimonios de las familias afectadas.
La acción judicial fue presentada por el Centro Guernica 37, una organización jurídica internacional sin fines de lucro, ante el Tribunal Federal de Distrito, al amparo de la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de 1991, que permite interponer demandas civiles ante tribunales estadounidenses contra personas acusadas de torturas o ejecuciones extrajudiciales cometidas en el ejercicio de funciones oficiales en otro país.
Para proteger a las familias de posibles represalias, los demandantes aparecen en el expediente bajo seudónimos. La demanda fue presentada en nombre de tres madres, un padre y una mujer cuyos dos hermanos murieron durante las operaciones policiales.
Los asesinatos comenzaron tras el anuncio de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, una serie de campañas militarizadas impulsadas por el régimen de Maduro bajo el pretexto de combatir la delincuencia. Ante las denuncias de grupos de derechos humanos, Maduro rebautizó al escuadrón con el nombre de Fuerzas de Acciones Especiales, conocido por sus siglas Faes.
En lugar de suspender las operaciones, el propio Maduro las elogió públicamente. En 2019, semanas después de la publicación de un crítico informe de la ONU, el expresidente dijo: “Todo el apoyo para el Faes, en su labor diaria de darles seguridad al pueblo. ¡Que viva el Faes!”
Un informe de Naciones Unidas documentó que las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a 6.856 personas en un período de 18 meses, entre 2018 y 2019. El informe señaló, además, que los agentes alteraban sistemáticamente las escenas del crimen colocando armas o drogas junto a los cuerpos, o disparando contra las paredes para simular que las víctimas se habían resistido al arresto.
Fuente: REVISTA SEMANA
