Orden de captura contra Velásquez y Camargo
La emisión de órdenes de captura por parte de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala contra el exministro de Defensa Iván Velásquez y la actual fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, causaron una fuerte repercusión mediática. El primero, exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y actual embajador de Colombia en el Vaticano, al igual que la jefe del organismo de justicia, fueron acusados de la comisión de varios delitos.
Los dos fueron acusados de los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en el escándalo de Odebrecht. En su decisión, ambién se ordenó la captura de Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal General de Guatemala, y Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del Ministerio Público (MP) de este país, en el que el presidente es Bernardo Arévalo: aliado del jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro.
El caso tiene que ver con la participación de Velásquez como el titular de la Cicig comisión en la que tuvo un papel preponderante en la investigación de casos de corrupción, incluyendo el ampliamente mediático caso de la multinacional brasileña. Su participación habría sido clave para desmantelar estructuras de corrupción en el país centroamericano, lo cual le granjeó no solo reconocimiento internacional, sino también enemistades poderosas en los círculos políticos del país.
Frente a esta situación, la respuesta de Velásquez no se hizo esperar. El exministro denunció la acción como parte de una persecución orquestada por “la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal (Rafael) Curruchiche”, ambos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. En su pronunciamiento, Velásquez expresó su solidaridad con sus colegas y ciudadanos guatemaltecos que han sufrido destierro debido a presiones judiciales similares.
“Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EE. UU. y la Unión Europea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”, indicó el exministro de Defensa que, en su dilatada trayectoria, también fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.
El senador Iván Cepeda expresó su firme respaldo a Velásquez y Camargo, instando al presidente Gustavo Petro a actuar con “firmeza y dignidad” ante lo que considera un ataque dirigido por las mismas fuerzas que intentaron oponerse a las labores contra la corrupción impulsadas en Guatemala. Cepeda refirió estos esfuerzos como “un ejemplo de la lucha contra la mafia y la corrupción” en el continente.
Por su parte, Cielo Rusinque, superintendenta de Industria y Comercio, no ocultó su molestia con la decisión judicial. La funcionaria describió la petición como un “exabrupto jurídico”, y argumentó que viola la inmunidad que normalmente se otorga a los altos funcionarios estatales bajo el derecho internacional. A su vez, puntualizó que este caso es representativo de la distorsión de los mecanismos jurídicos creados para combatir la corrupción transfronteriza.
En el centro de esta polémica se halla el caso Odebrecht, en un caso que ha dejado una marca imborrable en el mapa político y económico de varios países de Latinoamérica. La compañía constructora brasileña estuvo involucrada en un sistema de sobornos a gran escala que comprometió a altos funcionarios y líderes de Brasil, Perú, México, y Colombia, con consecuencias han derivado en cambios políticos importantes y revisiones legislativas para combatir la corrupción.
Fuente: INFOBAE
