Razones que frenan la eliminación del 4×1.000
En la Cámara de Representantes se radicaron dos proyectos de ley del Centro Democrático para desmontar gradualmente el denominado Gravamen de Movimientos Financieros (GMF) conocido como 4×1.000, tributo en el que se pagan $4 al Estado por cada $1.000 retirados, transferidos o movidos desde una cuenta bancaria. Se aplica desde el 16 de noviembre de 1998, cuando nació de forma temporal como 2×1.000.
El primero, impulsado por el senador Christian Garcés, propone facultar al Gobierno nacional para decretar hasta tres días sin IVA por año sobre bienes específicos y reducir el 4×1000 en tramos de 0,5×1000 desde 2028 hasta llegar a 0x1000 en 2035.
La iniciativa también dispone que, desde el 1 de enero de 2035, queden derogadas todas las normas del Libro Sexto del Estatuto Tributario relativas al GMF. La exposición de motivos de la iniciativa subraya que el impuesto “encarece las transacciones, desincentiva el uso del sistema bancario formal y reduce la competitividad”. Además, advierte que la obligatoriedad de la factura electrónica elevó las transacciones electrónicas de muchas empresas y, con ello, sus costos operativos.
El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño incluyó entre sus 21 proyectos de ley para el nuevo periodo legislativo una propuesta para eliminar el cobro del GMF en transferencias entre cuentas de una misma persona. La iniciativa busca modificar el esquema vigente, en el que la reforma tributaria de 2022 aprobó una exención automática por persona para cuentas bancarias y billeteras digitales, siempre que los movimientos mensuales no superen 350 unidades de valor tributaria (UVT).
Para 2026, el umbral de 350 UVT equivale a $18.330.000 mensuales, teniendo en cuenta que una UVT equivale $52.374. Si una persona no supera esa suma al agregar todas sus transacciones del mes, no debería pagar el 4×1000. Este esquema cobija tanto cuentas bancarias como billeteras digitales, incluyendo plataformas como Nequi y Daviplata.
Las iniciativas llegan en un momento complicado para las finanzas pública. El terremoto del 10 agosto de 2026 agravó la situación fiscal del país. El Gobierno declaró desastre nacional y estimó los gastos de reconstrucción en $30 billones, en un contexto donde el déficit fiscal ya se ubicaba en 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que, según la calificadora Fitch Ratings, era de 7,1%. Estas cifras significan que Colombia enfrenta una de las mayores presiones fiscales de las últimas décadas, con la necesidad de financiar un ambicioso plan de reconstrucción y, al mismo tiempo, atender los compromisos presupuestales previos.
Es una medida comprensible como gesto de alivio para los hogares y empresas afectados, pero fiscalmente riesgosa si se aplica de forma generalizada”, señaló el analista de mercados de VT Markets, Alfredo Marentes. Agregó que el GMF “es una de las fuentes de caja más líquidas y estables del Estado; eliminarlo sin una fuente de reemplazo comprometería justamente los recursos que se necesitan para financiar la reconstrucción”.
Anteriormente, el Congreso de la República descartó la posibilidad de desmontar el impuesto de forma permanente y la propuesta que podría ganar más consenso es una exención focalizada y temporal, limitada a créditos de reconstrucción, ayuda humanitaria y movimientos entre cuentas propias, exclusivamente en municipios declarados en emergencia.
Marentes considera que este enfoque es más viable porque “circunscribe el impacto fiscal a las zonas más afectadas, en vez de poner en riesgo el equilibrio de las finanzas públicas a nivel nacional”.
Fuente: INFOBAE
