Salario Mínimo: Recurso de súplica
En un movimiento clave para la política económica del país, el Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó un recurso de súplica —impugnación para que una sala revise y modifique decisiones de un magistrado por errores de derecho o valoración— contra la decisión del Consejo de Estado, que había suspendido provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, el cual fijaba un aumento del 23% al salario mínimo para 2026.
La decisión judicial, que tiene como ponente al magistrado Juan Camilo Morales, podría afectar de manera significativa la economía de los trabajadores colombianos y generar repercusiones en los programas de bienestar social que dependen de este incremento.
El decreto en cuestión fue firmado por el presidente Petro a finales de diciembre de 2025, después de que fracasaran las negociaciones entre sindicatos y empresarios en la mesa de concertación salarial. En ese momento, el Ejecutivo dispuso un aumento cercano al 23,7%, que elevaba a $1.750.905 como salario base y $249.095 por concepto de subsidio de transporte.
La medida fue considerada un avance significativo en la búsqueda de justicia salarial por parte del Gobierno de Petro, que describió el aumento del salario como un “salario vital”, destinado a ofrecer un alivio económico a los trabajadores, particularmente en medio de inflación creciente y la desigualdad.
El 13 de febrero, el Consejo de Estado determinó suspender provisionalmente el decreto luego de admitir una demanda de nulidad contra el aumento. Según el alto tribunal, el Gobierno no presentó una justificación técnica suficiente para sustentar el incremento, tal como lo exige la Ley 278 de 1996.
Esta ley, que establece los criterios para fijar el salario mínimo, al resaltar la importancia de factores como la inflación, la productividad y el crecimiento económico, los cuales, según el tribunal, no fueron debidamente considerados por el Ejecutivo.
El Consejo de Estado argumentó que el Gobierno fundamentó principalmente el aumento en el concepto de “salario mínimo vital”, un criterio que, en su opinión, no puede ser el único utilizado para fijar el ajuste anual. Esta decisión dejó en suspenso el incremento acordado, generando incertidumbre entre los trabajadores y poniendo en peligro algunos programas sociales que dependen de este ajuste.
En respuesta a esta decisión, el Gobierno Petro presentó un recurso de súplica ante el mismo Consejo de Estado, en el que solicitó la revocatoria de la suspensión del decreto. El recurso fue radicado un día antes de las marchas convocadas por el presidente para exigir una mejora en las condiciones laborales y salariales.
En el recurso de 28 páginas, firmado por representantes del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se argumenta que la suspensión del decreto excede los límites del poder cautelar.
Fuente: INFOBAE
